Unidad y Justicia para una transición hacia la democracia

Dr. Miguel López Baldizón*

En 1987, bajo el Gobierno de Daniel Ortega y el Frente Sandinista, Nicaragua vive una guerra civil; se encontraba sin libertad de expresión, con los derechos y garantías cercenados, sin derecho al recurso de amparo en algunos aspectos. Era un estado militarizado en el que no existía separación entre Estado y Partido gobernante, era difícil esperar una Ley de Amnistía diferente a las anteriores. Y así sucedió, pues la que se promulgó el 15 de julio de 1987 era la misma Ley aprobada el 22 de enero de 1985 y publicada en La Gaceta del 29 de enero.

Bajo el espíritu de los Acuerdos de Esquipulas I, (de 25 de mayo de 1986) y a petición del gobierno de Costa Rica, los días 6 y 7 de agosto de 1987 se reunieron los presidentes de la región centroamericana en ciudad Guatemala con la finalidad de establecer el Procedimiento para establecer la Paz firme y duradera en Centroamérica. El día 7 de agosto (1987) se firmó la llamada «Declaración de Esquipulas II».

Estos fueron los puntos que trataron: 1º.- Reconciliación Nacional; 2º.- Exhortación al cese de hostilidades; 3º.- Democratización; 4º.- Elecciones libres; 5º.- Cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales; 6º.- No uso del territorio para agredir a otros Estados; 7º.- Negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamentos; 8º.- Refugiados y desplazados; 9º.- Cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo; 10.- Verificación y seguimiento internacional; y11-. Calendario de ejecución de compromisos.

En el primer punto, Reconciliación Nacional, se plantearon los siguientes temas: el Diálogo, la Amnistía y la Creación de una Comisión Nacional de Reconciliación.

El 30 de noviembre de 1987 se publicaron dos leyes muy conectadas entre sí. Ambas respondían a lo acordado en el documento Esquipulas II, Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, del 7 de agosto de 1987 y arriba citado. Una es la Ley de Derogación del Estado de Emergencia Nacional y la otra es una Ley de Amnistía para Detenidos por Violación de la Ley de Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública. Esta Ley de Amnistía daba un paso gigante con relación a leyes sobre la misma materia adoptadas en 1985, 1986 y a la del 15 de julio de 1987, las cuales no beneficiaban a los presos políticos.

Lectura de Acuerdo de Sapoá

El 23 de marzo de 1988 en la ciudad de Sapoá, Departamento de Rivas, Nicaragua, se firman los acuerdos de Sapoá entre representantes del gobierno de Ortega y de la Contra.

El anterior Acuerdo de Sapoá, sumado a todo el proceso de paz que se venía gestando principalmente desde los Acuerdos de Esquipulas II, produjo consecuencias inmediatas para el proceso de Amnistía. El 26 de marzo (1988), el presidente de la Asamblea Nacional, Carlos Núñez Téllez, y el Secretario de la misma, Rafael Solís Cerda, firmaron dicha Ley, que pasó a la presidencia de la República, donde el presidente Ortega, la firmó, para que se tuviese «como Ley de la República» que mandó a publicar y ejecutar el mismo día 26 de marzo de 1988 y el 27 fue publicada en La Gaceta No. 78.[1]

Ortega se ve obligado a realizar elecciones anticipadas y es derrotado por la Unión Nicaragüense Opositora (UNO) encabezada por Violeta Barrios. En las elecciones de 1990, la Unión Nacional Opositora (alianza de 14 partidos) obtuvo el 54% de los votos, y el Frente Sandinista, el 40%. Los principales asesores de Violeta Chamorro, su yerno, Antonio Lacayo (ministro de la Presidencia), y el cuñado de éste, Alfredo César (Presidente de la Asamblea Nacional), negociaron con el Frente Sandinista un protocolo para la transición pacífica del régimen revolucionario al democrático.

El pacto Lacayo-César-Ortega, además de mantener la policía y el ejército en manos del Frente Sandinista, permitió a éste, entre el 25 de febrero y el 28 de abril -día de la toma de posesión del nuevo Gobierno-, transferir, donar y vender ficticiamente cientos de propiedades urbanas y rurales y de empresas públicas a sus partidarios y válidos, en una suerte de aquelarre jurídico-financiero que los nicaragüenses han bautizado la piñata. A tal extremo que, aseguran, “el comandante Bayardo Arce se jactó públicamente de que ahora el Frente Sandinista es el primer conglomerado económico del país”. El saqueo alcanzó dimensiones épicas: Violeta Chamorro sigue viviendo en su casa, pues en la presidencia no quedó ni una toalla ni una máquina de escribir.[2]

La crisis sociopolítica en Nicaragua no inició con la brutal represión de la dictadura orteguista contra las manifestaciones ciudadanas en abril del año pasado, sino que es consecuencia de la “involución de la democracia” que comenzó hace veinte años con el pacto político entre el caudillo liberal Arnoldo Alemán y el sandinista Daniel Ortega.

Ese acuerdo político entre el entonces presidente Alemán (1997-2000) y Ortega en su rol de opositor fue uno de los principales factores del quiebre que sufrió el avance de la institucionalidad que en Nicaragua se venía logrando a partir del triunfo del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, según se analiza en su Informe de Coyuntura 2018 la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).[3]

Además, agrega el informe, las reformas constitucionales de 1995 afianzaban la democracia pluralista y representativa al incorporar la figura de elección por suscripción popular, ampliar los derechos y las garantías civiles y la profesionalización del Ejército.

Todo ese avance de la democratización tuvo su estancamiento particularmente por la incidencia del llamado “pacto” entre Ortega y Alemán que se materializó con reformas a la Constitución y a la Ley Electoral en el 2000. “A partir de este arreglo político, se redujo el piso electoral para ganar la presidencia en primera vuelta” al 35 por ciento de los votos, “se distribuyeron los cargos en los poderes del Estado” entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), incluyendo las magistraturas en el poder judicial, entre otros aspectos.

El 8 de Noviembre de 2006 el candidato Eduardo Montealegre, habiendo información de un triple empate según encuesta a boca de urna y que obligaría a una segunda vuelta, reconoce a Daniel Ortega como presidente electo obteniendo así el segundo lugar y asegurando un escaño en la Asamblea Nacional, este acuerdo político entre Ortega y Montealegre dejó pendiente de parte del Consejo Supremo Electoral, la contabilización de un 8,5% de los votos emitidos.

En enero de 2014, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobernante Frente Sandinista, aprobó en su totalidad una reforma a la Constitución que garantiza al presidente Daniel Ortega la reelección indefinida. La reforma viola acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua, relacionados al respeto a la democracia representativa, los derechos humanos, la separación de poderes y la alternabilidad en el poder. El cambio a la Constitución fue aprobado con 64 votos a favor y rechazado por 25 diputados que representan a la oposición en el Parlamento. La reforma entregó más poderes a Ortega, que ya controlaba el Parlamento, el Poder Judicial y el Poder Electoral, cuyo presidente, Roberto Rivas, ha sido señalado de fraguar cuatro fraudes electorales para favorecer al FSLN. Ahora Ortega emite decretos con fuerza de ley, usurpando una de las funciones del legislativo.

Ortega celebra «triunfo» electoral en 2011

Ortega logró la reelección en noviembre de 2011, después de participar en la elección de ese año violando la Constitución, que establecía que no podía ser presidente quien ocupara el cargo o lo haya sido en dos ocasiones, dos candados que chocaban con las ambiciones del mandatario sandinista, que aprovechó su influencia en la Corte Suprema para exigir a los magistrados que emitieran un fallo para levantar esa prohibición. El fallo establecía que los candados constitucionales eran inconstitucionales para Ortega. Los comicios los ganó, según el Consejo Supremo Electoral, con el 66% de los votos, en una elección que los observadores de la Unión Europea calificaron como “opaca”. [4]

El 10 de abril de 2018 comienzan unas movilizaciones estudiantiles que denuncian la negligencia del gobierno en la gestión del incendio de la reserva biológica Indio Maíz. Las protestas fueron duramente reprimidas. El 16 de abril el gobierno anunció una reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) con una reducción sustancial de las pensiones. Como respuesta, a partir del 19 de abril, se inician una serie de protestas generalizadas, convocadas por estudiantes y jubilados afectados por las reformas del INSS. La represión a las protestas deja numerosos heridos y dos estudiantes muertos por herida de bala. Estalla así una crisis sociopolítica que ha comportado hasta el día de hoy la muerte de más de 500 personas, sin una solución a corto plazo.[5]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha logrado documentar la muerte de 325 nicaragüenses en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales, mientras que organismos como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) en su último informe contabiliza 545 muertos y más de 4.000 heridos.

Esos hechos constituirían crímenes de lesa humanidad, revela el informe que presentó en Washington, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que junto al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), fue expulsado de Nicaragua por el régimen sandinista, el pasado 20 de diciembre.

El GIEI pudo comprobar que el Estado recurrió al uso abusivo e indiscriminado de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas de protesta. Un patrón represivo, que se verificó en distintos momentos y lugares de Nicaragua, fue el uso de armas de fuego, incluyendo armas de guerra, directamente contra los manifestantes. Se pudo comprobar que se usaron cartuchos armados con balas de plomo, cuyos calibres se corresponden con distintos tipos de armas, entre las cuales se encuentran fusiles de guerra.

El GIEI considera que numerosos delitos cometidos en el contexto de la represión a las manifestaciones configuran delitos de lesa humanidad. Esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del art. 12.3 el Estatuto de Roma.

A mediados de febrero de 2019 tras una reunión con empresarios e iglesia Católica, el gobierno de Nicaragua dice que se ha confirmado la necesidad de un entendimiento. Estados Unidos mira con buenos ojos este esfuerzo por restablecer el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil.

Las acusaciones en contra de los presos políticos son fabricadas por allegados a la dictadura que constituyen una élite política, militar, judicial y económica con el objetivo de esconder su propia culpabilidad por haber sido cómplices de los artífices del genocidio. Pero les recordamos a los genocidas que no son ellos quienes tienen la llave de nuestra libertad, que no son ellos quienes conducen el destino de los nicaragüenses y al comprobarse la completa y total falacia de sus acusaciones el pueblo se librará de sus grilletes.

Todo lo anteriormente expuesto coloca a los ciudadanos José Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo en usurpadores del poder producto de dos fraudes electorales, de violación a la Constitución Política de la República de Nicaragua y de un fallo espurio de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua. Esto genera un vacío de poder y de legitimidad que solamente puede ser resuelto constitucionalmente por el soberano que es el pueblo, eligiendo un Gobierno de Transición que conduzca a Nicaragua por la ruta de la pacificación, la justicia restaurativa, la reactivación económica, la democracia, la convocatoria a elecciones libres, democrática, creíbles y supervisadas por organismos internacionales.

Adicionalmente, y de acuerdo al Informe Final del GIEI concluyó que el gobierno ocupado ilegítimamente por Daniel Ortega y Rosario Murillo son responsables de crímenes de lesa humanidad y dado que el sistema judicial nicaragüense en el momento actual es incompetente para juzgarlos deben ser remitidos a un juzgado internacional sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional para lo cual deben cumplirse los procedimientos establecidos.

Esto es posible si los nicaragüenses demócratas nos unimos en una sola fuerza para restablecer el orden democrático, la justicia y la libertad en Nicaragua.

En el contexto actual un llamado a diálogo de parte de la dictadura ORMU es una figura hueca, una trampa ya utilizada anteriormente, y no es más que una estrategia para tener control sobre las condicionantes sociopolíticas y obtener así ventaja para ellos y su camarilla. Sin más dilación debe aplicarse la Carta Democrática de la OEA, las sanciones establecidas en la Nica Act y la Ley Magnistik, presentar las denuncias por crímenes de lesa humanidad ante las Cortes Internacionales, designar un Gobierno de transición que sea reconocido por el pueblo y la comunidad internacional.  No puede haber perdón ni olvido.

*Ex Diputado Asamblea Nacional de Nicaragua (2002-2007) – Presidente UNE-CR

 

[1] LOS ACUERDOS DE SAPOA. 23 marzo 1988. Relato de cómo se logró la paz. Datos para la historia.
   Enrique Bolaños-Geyer

[2] Diario El País, edición del 31 de marzo de 1991.

[3] Funides: El origen de la crisis sociopolítica es el pacto Alemán-Ortega.Diario La Prensa 
05/02/2019.

[4] Diario El País, edición 29 de enero de 2014.

[5] FICHA ICIP SOBRE PAZ Y CONFLICTOS: NICARAGUA AGOSTO 2018

 

 

 

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