El problema no es electoral, es ético y moral

Dr. Danilo Martínez / Abogado*

El dialogo nacional entre la Alianza Cívica y el régimen Ortega Murillo, se encuentra estancado, debido a las maniobras del dictador que pretende obligar a la alianza a que haga un llamado conjunto a la comunidad internacional para el levantamiento de las sanciones internacionales impuestas a su familia y funcionarios.

Esto tiene el doble propósito de permitirle al régimen administrar el tiempo. Es decir, por un lado, utiliza a los presos como ficha de presión en las negociaciones, y por otro lado consume los tres meses que lo van acercando a su meta de 2021, lo que puede lograr, asfixiando diálogos y reinventándolos más adelante.

Al régimen le faltan 30 meses para llegar al 2021. Y para lanzar la convocatoria a elecciones solo faltarían 23 meses. En todo caso si llegamos a enero del 2020 con ese diálogo, el país entraría en un año preelectoral, condiciones que favorecen al régimen, por cuanto los temas de justicia y castigo para el dictador y sus instrumentos de muerte se convertirán en temas de campaña electoral mas no de negociaciones. Esos son los propósitos del dictador con estancar y arrancar, arrancar y estancar negociaciones. ¿Nicaragua tropezará tres veces con la misma piedra? La oposición venezolana ya no se presta a falsos diálogos.




La diáspora nicaragüense, sobre todo en Costa Rica y Honduras, no reconocen autoridad ni legitimidad a la alianza cívica para firmar acuerdos que representen un pacto de traició, que permita a Daniel Ortega evadir sus responsabilidades de crímenes de lesa humanidad, y quedarse en el país con todo su aparato de muerte. La llama de un conflicto fratricida es un horizonte real y cercano, alentado por la falta de voluntad del dictador de restablecer los derechos y garantías de los nicaragüenses.

La OEA continúa haciendo su trabajo desde los parámetros del derecho internacional, de la carta fundacional, la carta democrática y el protocolo de Washington para la aplicación de dicha carta. El 26 de junio es la cita de los cancilleres de América para aprobar su aplicación.

La aplicación de la carta democrática, por sí sola, y las sanciones económicas, no van a derribar la dictadura. Solo conseguirían un cambio pronto de gobierno, un cambio en la cumbre, mediante elecciones supervisadas por la OEA y otros organismos. Pero el aparato criminal, militar y policíaco quedaría intacto, salvo algunos cambios de rostros. El país se forzaría a recuperar su “normalidad”, en un proceso largo, inútil y cíclico, hasta que estalle nuevamente otra crisis.

El problema de Nicaragua no es electoral, sino ético y moral. Hay un pueblo esclavizado pidiendo libertad.

Solo la salida de Ortega del poder evitaría mayores desgracias para sus adeptos y el pueblo. Las elecciones solo serían útiles sin la presencia de Ortega en el poder. Ya que este no garantiza la desmovilización de los paramilitares, la libertad de los reos políticos, el restablecimiento de los derechos constitucionales de los nicaragüenses, el retorno seguro de los exiliados y la formación de una comisión internacional de indudable imparcialidad, para la investigación y castigo de los autores intelectuales y materiales involucrados en la masacre contra el pueblo de Nicaragua.

Por eso, además de la presión internacional, lo que garantizará la libertad, la justicia, la democracia y la paz, es la lucha popular organizada del pueblo, logrando la unidad desde sus distintas organizaciones políticas y sociales para conquistar su libertad y la vigencia plena de los derechos humanos para todos los nicaragüenses sin ninguna discriminación.

Marcar como favorito enlace permanente.

Deja un comentario