El financiamiento ilegal del BCIE a la policía

Enrique Sáenz

En días recientes, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE,  se ha colocado como tema de discusión y de debate. Y no es para menos. El Banco, a pesar de que los altos mandos de la policía están señalados internacionalmente de cometer delitos de lesa humanidad, está financiando un proyecto que fortalece la capacidad represiva de la policía, incluyendo, entre otros apoyos, equipos de transporte y tecnología.

Comencemos por el principio.

¿Qué es el BCIE?

Es una institución financiera que se creó a inicios de la década del 60, como parte del proceso de integración económica centroamericana. Los socios fundadores y dueños iniciales del banco fueron Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

A lo largo de los más de cincuenta años de existencia, el banco transitó por altibajos, a causa de las crisis económicas y políticas que abatieron la región. Así, tanto por razones políticas como por razones económicas, los países fundadores resolvieron abrirse a la incorporación de nuevos socios. De esta manera se sumaron México, Panamá, España, Colombia, Taiwán, Argentina, Cuba, Belice y República Dominicana, que son ahora también socios del banco.

Si el banco es de los países socios ¿Quiénes toman las decisiones?

Aún cuando el máximo órgano es la Asamblea de Gobernadores, la cual se reúne una vez al año y adopta las políticas generales de la institución, no interviene en las decisiones operativas. Quienes ejercen como gobernadores ordinariamente son los ministros de hacienda o de finanzas de los países miembros.

El órgano a cargo de la gestión del banco y de las decisiones operativas es el Directorio, integrado por representantes también designados por cada gobierno. A la cabeza está el presidente ejecutivo del banco que, en el momento actual, es el hondureño Dante Mossi.

¿De donde obtiene el dinero el BCIE?

El capital inicia está formado por aportes de los países socios. Es decir, proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos de esos países. Otra parte de los fondos se obtiene en el mercado internacional de capitales.

Por consiguiente, quienes toman las decisiones son representantes de gobiernos. Y aquí es evidente que se les cayó el zapote a los gobiernos comprometidos con la democracia en la región.

Porque uno puede entender la posición de los gobiernos de El Salvador, Cuba, Honduras, Guatemala y también Belice y México. Pero que países como Colombia, Argentina, Panamá y Costa Rica, cuyas posiciones a nivel internacional no dejan lugar a dudas, aflojaran recursos para apoyar a la policía de Ortega, solo tiene como explicación que se les cayó el zapote.

¿Tiene base legal el financiamiento a la policía?

Más allá de la perspectiva política, si analizamos la cuestión desde una perspectiva institucional y nos preguntamos por la base legal del financiamiento a la policía, nos toca revisar el Convenio Constitutivo del Banco, que no es un documento privado, sino un convenio de carácter internacional. El artículo 2 del convenio dice así: “El Banco tendrá por objeto promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana”.

¿Puede explicarse razonablemente que el apoyo a las capacidades represivas de la policía  promueve la integración económica y el desarrollo económico y social?

Y en esto nada tiene que ver si el proyecto fue aprobado antes de que la crisis sociopolítica estallara. El hecho es que el fortalecimiento de las capacidades represivas de la policía nada tiene que ver con los propósitos institucionales del banco. La base legal es entonces sumamente cuestionable.

Por otro lado, en la declaración de principios del banco se dice que sus propósitos primordiales son “generación de empleo y elevar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos”. Pues bien, más de trescientos asesinados, más de 700 prisioneros, más de 2000 heridos y más de cincuenta mil exiliados poco tiene que ver con el bienestar y la calidad de vida de los nicaragüenses.

Frente a la avalancha de críticas, el banco emitió un comunicado en el que “reitera su compromiso de ser el aliado estratégico apolítico”

¿Apolítico? ¡Qué disparate!


¿Acaso hay algo más político que apoyar financieramente a un órgano represivo?

Pero no solamente es cuestión del financiamiento a la policía. Hace unas pocas semanas también aprobaron créditos por más de 200 millones de dólares en una operación que se calificó como un salvavidas financiero para Ortega.

Con estos antecedentes ¿Hay algo que podamos hacer?

Por supuesto que sí. Para comenzar, hay que utilizar los mecanismos institucionales del BCIE. Tienen una oficina de ética y hay que llevar el asunto a esa dependencia. Y en este asunto hay una dimensión ética indudable.

Particularmente, corresponde incidir en los gobiernos de los países socios del banco, comprometidos con la democracia, para que actúen en correspondencia con sus declaraciones políticas. También hay que incidir en los medios de comunicación, asambleas legislativas y organizaciones políticas y sociales de esos países. No podemos dejar que se les vuelva a caer el zapote.

Hay también un tema económico que es de interés de todos los países socios: ahora que se considera un valioso activo la reputación internacional de las empresas y bancos ¿Cómo queda la reputación del BCIE con estas operaciones?

Finalmente queda la duda: si el jefe de la policía está sancionado por el gobierno norteamericano ¿Cómo realiza el banco las transacciones financieras oficiales con la policía?

Del blog de Enrique Sáenz

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