Torturas en Estados Unidos, el Cono Sur y Nicaragua

Por Roberto Escobedo Caicedo

El 11 de septiembre del 2001, aviones comerciales secuestrados por terroristas pertenecientes a Al-Qaeda, se estrellaron contra las Torres Gemelas de New York y el Edificio del Pentágono en Washington. Dos símbolos del poder económico y militar de los Estados Unidos fueron blanco de las acciones terroristas de los fundamentalistas islámicos. Las represalias norteamericanas no se hicieron esperar. Afganistán, refugio de los terroristas conocidos como Talibanes fueron atacados por aviones de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, previo a la invasion de tropas de combate

Como es natural, los cómplices de los que llevaron a cabo esos actos de terrorismo de masas se encontraban en los propios Estados Unidos y en otros países de la OTAN. Algunos de ellos y otros que fueron capturados en el propio Afganistán en los días inmediatamente posteriores a los atentados fueron recluidos en la base naval de Guantánamo, Cuba, donde algunos de ellos fueron sometidos a torturas por los interrogadores de la CIA.

Podría argumentarse que debido a la urgencia de conseguir información adicional de atentados futuros  contra el pueblo norteamericano, los interrogadores recurrieron a la tortura de los Talibanes, procedimientos condenados por todas las Convenciones Internacionales que defienden los derechos humanos de los detenidos. Pero pasados los años, las propias autoridades de los Estados Unidos, en un gesto que las enaltece, ordenaron una investigación exhaustiva al respecto, para determinar qué interrogadores incurrieron en hechos tan reprobables, quiénes las ordenaron y quiénes se encargaron de encubrirlas durante algunos años .

El Informe elaborado por las actuales autoridadades de la CIA es de casi seis mil páginas de extension. Senadores y el propio Presidente de los Estados Unidos ya han manifestado que los autores de esas violaciones de derechos humanos serán castigados severamente. Entre los procedimientos de tortura más usados por los interrogadores norteamericanos, sobresalen los siguientes:

1.- 180 horas en “posiciones de estrés”.

2.-Torturas con agua hasta hacer vomitar a las victimas, como se procedía en la Edad Media.

3.-Alimentación e hidratación rectal sin prescripción médica alguna.

4.-Amenazas de violación con escobas.

5.-Privación del sueño durante varios días, mediante el expediente de colocar cerca de las victimas lámparas eléctricas de gran poder de iluminación.

6.-Rociar a los interrogados con agua fría a 6 Grados Centígrados durante 18 minutos.

7.-Simulación de ahogamiento durante varios minutos en sesiones conocidas como “water boarding” o submarino.

Además, algunos de esos prisioneros fueron trasladados secretamente a Pakistán y entregados a los torturadores de los servicios secretos, ISIS, los que se jactan de hacer cantar hasta un muerto. Estos se encargaron de arrancar confesiones bajo feroces torturas a los detenidos, conforme el formulario entregado por los oficiales de la CIA.

Esto confirma que ningún país escapa a los abusos de de los miembros de sus aparatos de inteligencia interna y externa, pretextando motivos de seguridad nacional. Pero en el caso específico de los Estados Unidos, es que las máximas autoridades han condenado enérgicamente tales violaciones de los derechos humanos de los detenidos, ofreciendo castigar severamente a los responsables de haberlas ordenado y a quienes las ejecutaron.

A partir del segundo lustro de la década de los 70 del siglo pasado, se establecieron varios gobiernos militares en algunos países de América del Sur, como una extension de la Doctrina de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, recurriendo al expediente de los golpes de Estado.

Por la misma época en el Perú existió un gobierno fuerte, el de Fujimori, el que utilizó ampliamente a tropas del Ejército y de la Policía para someter a los terroristas de Sendero Luminoso y Tupac Amarú. Otro tanto ocurrió con los que operaban en las principales ciudades y predios universitarios, por lo que fueron señalados de incurrir en reiteradas violaciones de los derechos humanos.

En Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, tomaron el poder los militares y combatieron con energía y decision a todos los grupos de insurgentes y terroristas urbanos. Recurrieron a desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y torturas de toda índole para obligar a todos los detenidos a revelar donde se encontraban las casas de seguridad donde se refugiaban sus jefes y cómplices.

Una vez que por las presiones internacionales, esos regimenes militares fueron obligados a convocar a elecciones de autoridades generales y entregar el poder a los civiles que resultaren electos, decidieron protegerse de futuras acusaciones. Para esto dictaron leyes de autoamnistía, pensando que no podrían derogarlas ni juzgarlos por crímenes de lesa humanidad que  implicaban acciones penales imprescriptibles. Pero se eqivocaron rotundamente.

En todos los países donde existieron esas dictaduras militares, se nombraron Comisiones de la Verdad. Los informes elaborados al respecto confirmaron todas las sospechas existentes sobre las reiteradas violaciones de derechos humanos en que habían incurrido los jefes militares y sus cómplices del respectivo Poder Judicial. Los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas de cada país permitieron que la justicia siguiera su curso.

En el Perú, Chile, Argentina y Uruguay, los Informes rendidos por esas Comisiones de la Verdad fueron contundentes para detener, procesar y condenar a variadas penas de prisión a todos los responsables materiales e intelectuales de violaciones de derechos humanos. Hasta un gobernante civil, como Fujimori, está purgando una pena de prisión en el Perú, por ordenar y encubrir numerosos abusos contra estudiantes, pese a que tiene a su favor haber terminado con la amenaza terrorista al pueblo peruano y sus instituciones.

En el Brasil, transcurrieron casi 30 años para que el gobierno de la señora Rousseff nombrada una Comisión de la Verdad para investigar todos los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en que incurrieron los gobiernos militares. Dicha Comisión cifra en 434 las victimas mortales cometidas por los gobiernos castrenses y responsabiliza a 377 funcionarios de todas esas violaciones y abusos.

En las dictaduras militares brasileñas, la represion y la eliminación de opositores politicos se convirtió en política de Estado, concebida e implementada a partir de decisiones emanadas de la respectiva Presidencia de la República. Esa política de Estado movilizó a agentes públlicos para la práctica sistemática de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, que se abatieron sobre millares de ciudadanos y para cometer desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y ocultación de cadáveres.

Los militares brasileños dictaron una ley de autoamnistía en 1979, cuando entregaron el poder a los civiles electos en elecciones generales. No ha sido derogada y corresponde al actual gobierno de la señora Rousseff decidir qué hará al respecto. Si la declaran de nulidad absoluta o la dejan vigente, en aras de la llamada reconciliación nacional.

Para muchas personas, los Informes rendidos por todas esas Comisiones de la Verdad que se establecieron en los países anteriormente mencionados, adolecen de una parcialidad manifiesta. Para sus integrantes, los miembros de los grupos guerrilleros y terroristas urbanos, nunca incurrieron en ninguna violación de derechos humanos ni en la comision de crímenes de lesa humanidad.

En el caso de Nicaragua, el momento oportuno para nombrar una Comisión de la Verdad ocurrió en abril de 1990, cuando tomó posesión de la Presidencia de la República la Presidente Electa, Violeta Barrios de Chamorro. Desgraciadamente, había formado parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, cuando las violaciones de derechos humanos, torturas, desapariciones forzosas y crímenes de lesa humanidad estaban a la orden del día. Esto no podia ocultarse y para protegerla tanto a ella como al Ingeniero Alfonso Robelo Callejas, otro representate orgánico de los capitalistas nicaragüenses en la mencionada Junta de Gobierno de su participación intelectual en tantas violaciones de derechos humanos, es que nunca nombraron una Comisión de la Verdad.

Desde un comienzo, el llamado Sistema Penitenciario Sandinista fue estructurado como un gigantesco campo de concentración y exterminio, donde verdugos de la talla de Francisco de Asís Fernández Arellano, alias “Chichí”, Federico López Argüello, Primitivo Rodríguez Blandón, alias Comandante “Pedro” y otros individuos sádicos y cobardes, lo llevaron a una escala de terror tan solo vista en los campos nazis de concentración y exterminio y en los gulags soviéticos.

En la superestructura del terror, estaba la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), la que tuvo solamente dos jefes. El primero y que fuera su fundador, Hugo Torres Jiménez, que ahora figura como un “disidente” del orteguismo y Lenin Cerna Juárez. Se auxiliaron con verdugos internacionalistas como el Ché Walter, el Ché Manuel, Hugo Irurzún, alias Capitán “Santiago”, Enrique Gorriarán Merlo, alias “El Pelado”, y otros de nacionalidad nicaragüense, como Jairo Rodríguez, alias Compañero “Patricio”, Felipe Escobar, Javier Abud, Raúl Cordón Morice, alias “El Negro”, Alvaro Guzmán Cuadra, alias “Papaya”, Franco Montealegre Callejas, etc.

Para todos estos verdugos, la detención era intrínsecamente incriminatoria, porque se detenía únicamente a los denunciados por los agentes de la DGSE, las organizaciones de masas y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). A todo detenido se le torturaba, siendo los procedimientos de tortura más utilizados los golpes en todo el cuerpo, aplicación de cigarrilos encendidos en las espaldas de las indefensas victimas del sadismo de los verdugos Sandinistas, garrotazos; colgar a los interrogados de argollas suspendidas de los techos; aplicación de descargas eléctricas en los genitales.

Enrique Gorriarán Merlo alias “El Pelado”, de nacionalidad argentina, amarraba a sus victimas a un pupitre, les quitaban la camisa y le aplicaban Real Kill, un espray para matar mosquitos. Al comienzo, los interrogados experimentaban un poco de frío, pero se les destruía la piel, donde luego aplicaban mezclas de vinagre, jugo de limones, chiles y sal, lo que obligaba a pegar alaridos a los que sufrían tan criminales métodos de tortura, aprendidos luego por sus congéneres nicaragüenses.

En Nicaragua, las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente y ocultados sus cadaveres en fosas clandestinas, suman varios miles. Durante 1980, representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA visitaron Nicaragua, para investigar in situ todas las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Tan solo en una fosa clandestina situada en la Costa de los Malacos, Gran Lago de Nicaragua, cuando llevaban contabilizados 450 cadáveres, suspendieron el conteo, porque no soportaron los malos olores los que realizaban tales trabajos.

Es muy fácil extrapolar que habiendo casi 500 fosas cladestinas en todo el territorio nacional, los desaparecidos por ejecuciones extrajudiciales suman varios miles. Pero a ningún politico le ha interesado en Nicaragua iniciar una lucha para que se nombre una Comisión de la Verdad, salgan quienes salgan como responsables de incurrir en crímenes de lesa humanidad y toda clase de violaciones de derechos humanos.

Tenemos también el caso de las famosas Navidades Rojas, planificadas con meticulosidad para acabar con la etnia miskita de la Región Autónoma del Antlático Norte de Nicaragua (RAAN). El Ejército Popular Orteguista utilizó todo su poder de fuego para ese acto de genocidio, pero buena parte de los que serían eliminados lograron huir a territorio hondureño. Existen 64 casos muy bien documentados sobre la autoría intelectual de Daniel Ortega Saavedra en tales canalladas, pero desgraciadamente, las Comisiones de Derechos Humanos tan solo persiguen y denuncian los crímenes de los militares tradicionales, nunca los cometidos por antiguos agentes de Moscú y que ya están preparados para cometer otros más espeluznantes que los anteriores, bajo el signo del fascismo y contra todos los que se oponen a la construcción en Nicaragua del Gran Ba-Canal Interocéanico.

De las violaciones de derechos humanos cometidas en cárceles norteamericanas, de países del Cono Sur y Nicaragua, donde no se ha nombrado ninguna Comisión de la Verdad, ocupa el primer lugar el regimen orteguista. No obstante, la comunidad internacional y los cientos de comisiones supuestamente defensoras de los derechos humanos, guardan un silencio cómplice al respecto.

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