Sabemos de dictaduras y guerras | Nicaragua

Héctor Mairena

Héctor Mairena

Por Héctor Mairena

De farsas electorales, dictaduras y guerras, conocemos mucho los nicaragüenses. Lamentablemente ciclos recurrentes de nuestra historia, está marcados por esos hechos. Pero también sabemos como se han cerrado esos ciclos.

Orondos y muy en sus papeles, los empleados de Ortega que ocupan los cargos de magistrados supremos de la justicia en Nicaragua, cumpliendo órdenes de su patrón, anunciaron en dos salidas al escenario, la decapitación del PLI. Lo ilegalizaron, lo proscribieron, como suele decir con deleite, un plumífero  de la familia Ortega-Murillo. Y con esa acción, hicieron del evento electoral de noviembre próximo una farsa, al excluir a la verdadera oposición, aglutinada en la Coalición Nacional por la Democracia. Pero la liquidación de la legalidad del PLI, misma que ya otras organizaciones como el MRS y la UDC han sufrido, es un hecho que corona una serie de atropellos, abusos e ilegalidades, que Ortega ha ejecutado desde su llegada al gobierno en el 2007.

En un tiempo histórico en que los dictadores son excepciones grotescas en el mundo y en el escenario latinoamericano, y la vía democrática se impone en la mayoría de países, Daniel Ortega se empeña en ir a contracorriente. Más que un error es una irresponsabilidad. A tono con su esencia autoritaria, con su retorcida y primitiva cosmovisión política, pero irracional, irresponsable.

El cierre de los espacios electorales y democráticos siempre ha conllevado a etapas de violencia política. Como sabemos, fue después de la farsa electoral de 1974, que en Nicaragua la lucha contra el somocismo, por lo demás cruenta, se intensificó. Fue entre 1984 y 1989 que la guerra, esencialmente fratricida, desgarró la sociedad nicaragüense hasta casi llevarla al colapso.

Ortega lo sabe, pero ¿por qué se empeña en su actuación?

Es obvio que los intereses de su grupo económico, conformado a partir del usufructo y abuso del erario, están de por medio. Solo el control del aparato estatal le garantiza a él y a sus sucesores, la continuidad de tal aprovechamiento. Solamente con el dominio de las instituciones -incluyendo la policía y el ejército- se beneficia de la impunidad por la corrupción que practican.

Pero ni el gran capital, aliado temporal del régimen, está a salvo de los desmanes. Una vez que las inevitables contradicciones con los intereses económicos del orteguismo salgan a flote, el orteguismo hará uso y abuso de los mecanismos que le permite el control del aparato gubernamental, como ahora lo hace en el terreno político contra el derecho de los nicaragüenses a elegir. Entonces les diremos: lo advertimos.

Mucho menos están a salvo -somos víctimas ya- la mayoría de los ciudadanos del desgobierno y el abuso. Porque es el orteguismo el que mantiene el precio más alto de la gasolina en Centro América, es el orteguismo el que como socio de la empresa distribuidora de la energía, impide que su precio baje; es el régimen el que protege la conducta criminal de quienes con uniforme de la policía o el ejército, asesinan a mansalva. Y podríamos abundar en ejemplos.

Pero más allá de los intereses económicos, ¿por qué Ortega muestra cada vez de forma más clara su autoritarismo? ¿Hay conflictos por la sucesión en la familia? ¿Hay luchas intestinas que desconocemos? ¿Quieren asegurarse la continuidad en noviembre sin sobresaltos de ningún tipo? No lo sabemos todavía.

Sea como fuere, lo cierto es que Nicaragua se ha adentrado en un nuevo ciclo de su historia. Sabemos como terminará, porque bien conocemos de fraudes, dictaduras y guerras: con la irremediable salida de Ortega, de sus secuaces y de sus cómplices.¿Cómo llegaremos a ese cierre? Ojalá por la vía cívica, que ya suficiente muerte y violencia hemos sufrido, con un saldo evidente de dolor y pobreza. En gran parte depende de Ortega, pero sobre todo depende de nosotros los ciudadanos.

Del blog de Héctor Mairena

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