Ortega no muestra ninguna apertura

Lic. José Dávila.

Fidelina Suárez

El gobierno de Daniel Ortega ha dado seis señales negativas que indican una radicalización, advirtió el ex embajador y analista político, José Dávila.

El quinto fraude electoral el pasado noviembre, el ataque al Obispo Silvio José Báez, la masacre de 6 personas en una zona remota del Caribe Sur, la prohibición a la entrada al país de una relatora de derechos humanos, la suspensión de la ceremonia de un doctorado honoris causa al ex presidente Pepe Mujica y la represiôn que sufrieron organizaciones de mujeres que realizaban una marcha,son a juicio de Dávila, señales claras de que Ortega está cerrando los espacios.

Del quinto fraude electoral aún hay resquemores y personas enjuiciadas por presuntamente participar en actos de violencia. Estas personas son miembros de partidos que acompañaron al regimen en los comicios del pasado 5 de noviembre

Extrañamente nadie ha sido detenido por la muerte de dos personas del partido Ciudadanos por la Libertad, a manos de personas que se identifica como del Fsln, el partido de gobierno.

Dávila lanzó una alerta sobre la posibilidad de que Ortega radicalice su posición. Señaló que estos seis incidentes se han producido en apenas 21 días.

“Los derechos humanos en este país están en agonía”, afirmó el ex embajador. La masacre de 6 personas, entre ellas dos menores de edad en la comunidad San Pablo 22, La Cruz del Río Grande, es un tema pendiente aunque el Ejército en un intento por apaciguar los ánimos, trasladó la responsabilidad a la Policía Nacional, la que no se ha pronunciado.

Pese a la insistencia de organismos de derechos humanos y la madre de los menores muertos, Elea Valle, no hay ningún proceso investigativo sobre el hecho.

Dávila acotó que este tipo de régimenes se creen fuertes por mantener un estado policíaco y represor.

El pasado 25 de noviembre, organizaciones de mujeres se enfrentaron a fuerzas antimotines integradas por féminas. A criterio de Dávila, se debe seguir luchando por elecciones libres y transparentes, como un punto de partida para recuperar la democracia.

Más recientemente, el gobierno de Ortega ha dado marcha atrás en un proyecto de ley para aumentar la tarifa del impuesto de rodamiento y en una ley que pretendía declarar las festividades dedicadas a la Purísima Concepción de María como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación.

El proyecto fue rechazado por la iglesia católica que envió una carta al presidente Ortega. La propuesta fue retirada de la Asamblea Nacional.

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