Nicaragua vive bajo la “Dictadura del Siglo XXI”

el_pulso_de_la_semanaPor Edmundo Jarquín

¿Crear el problema para solucionarlo?

En más de una ocasión he argumentado que Ortega es un maestro en crear problemas, para luego aparecer solucionándolos. O como que hace que los soluciona, porque la verdad, a la larga, esos problemas se agravan.

Es una estrategia que le ha generado grandes réditos. En la oposición bloqueaba o se oponía a iniciativas del gobierno de turno -independientemente del mayor, menor o ningún mérito de la iniciativa en cuestión- para luego negociar, siempre por algo a cambio, la solución al problema derivado de su bloqueo u oposición. Basta recordar las huelgas y tranques. La oposición o el bloqueo iniciativas gubernamentales es, sin duda, parte de la política democrática, pero cuando la misma se ejerce independientemente del costo que representa para el país, y solamente para ganar cuotas de poder, la naturaleza democrática de ese tipo de oposición se desvirtúa.

Fue el caso, para solamente citar un ejemplo, cuando Ortega y Alemán se coludieron durante el gobierno de Bolaños para bloquear cualquier iniciativa de solución de la crisis energética y los apagones -incluso la renta de emergencia de una planta térmica flotante, que hubiera aliviado parte de la crisis- para después desde el gobierno hacer lo mismo que había bloqueado, rentando al Estado a mayor precio las plantas térmicas Hugo Chávez. Pero el daño al país ya estaba hecho.

El tema resulta pertinente porque en los últimos días volvió a ser noticia que en la Dirección General de Ingresos (DGI) y en la Dirección General de Aduanas (DGA), no se acatan sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y resoluciones del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), con grave perjuicio de comerciantes y empresas a quienes se les retiene por demasiado tiempo la mercancía o el reintegro de fianzas, que devueltas con mucho tiempo de retraso, han perdido el valor original.

Asumamos, por un momento, que la CSJ y el TATA son capaces de ejercer independencia de la voluntad de Ortega en estos temas de apariencia no política. ¿Se le ocurre a alguien que los Directores de la DGI y de la DGA podrían desafiar esas sentencias judiciales y resoluciones administrativas sin la autorización de Ortega, o sin que al menos crean que están actuando de conformidad con los intereses políticos del orteguismo? ¡Jamás!

Se anuncia, y desde luego que con el régimen actual no hay otra manera de enfrentar el tema, que el caso se llevará a las instancias de coordinación y consenso que con el gobierno tienen los organismos gremiales del sector privado. Insisto, con el régimen actual no hay otra manera de “solucionar” el problema, pero eso es precisamente lo que Ortega quiere: que aparezca como resultado de su “buena voluntad” la solución de un problema que él ha creado. En un Estado de Derecho Democrático la solución estaría en la ley, y no en quien la viola.

El tema es obviamente político y si por tanto abandonamos el supuesto de que se trata de materias que no son políticas, surgen otras interrogantes. Por ejemplo, ¿en la DGI se trata por igual a los comerciantes y empresas orteguistas, que aquellas que no lo son, aunque tampoco -¡Dios me guarde!- sean opositoras? Y en la DGA, si alguien tiene un buen “conecte” orteguista, ¿le atrasan la mercancía o le objetan el valor de la misma? Seguramente la respuesta a ambas interrogantes es no.

Al principio de este artículo señalé que, en el fondo, Ortega no soluciona los problemas que crea, sino que luce como que los soluciona, porque detrás de cada una de estas decisiones que otorga como favor, queda un doble costo: uno, el costo de dignidad de quienes tienen que solicitar como favor lo que es su derecho; dos, un daño económico enorme para el país porque al final del calvario que comerciantes y empresas viven en la DGI y la DGA hay mayores costos, por el chineo de inventarios y tasas de interés, que encarecen las mercancías en perjuicio de consumidores y de las propias empresas.

Que no sorprenda, entonces, que cada vez haya menos inversiones privadas y, de alguna forma, menores ingresos fiscales. Este sistema podrá dar más poder a Ortega, pero menos progreso para el país por más bendecidos que estemos de conformidad con la propaganda oficial.

Caso de violencia institucional

Y a propósito de la represión que se ha desatado en el departamento de Matagalpa, a raíz del crimen del 19 de julio, el Obispo de ese departamento, Monseñor Alvarez, ha reflexionado sobre los diferentes tipos de violencia. Ha señalado la violencia física, la violencia cultural y la violencia institucional. Y esta es precisamente, violencia institucional, la que deben enfrentar quienes son víctimas de la discriminación y el abuso en la DGI y la DGA.

Como la próxima semana me toca participar en un seminario internacional sobre los procesos electorales en nuestros países, he estado reflexionando sobre cómo llamar al régimen de Ortega. Y, en efecto, no es una dictadura en el sentido tradicional, al estilo de las viejas dictaduras militares, exclusivamente basadas en la represión física; pero ocurre que Ortega, cuando lo requiere, usa la represión física; tampoco es un régimen totalitario en el sentido tradicional, en que el Estado controla la totalidad de los espacios informativos y culturales; pero ocurre que Ortega casi controla la totalidad de los medios de comunicación, y atemoriza a los demás, y además tiene una política comunicacional que falsifica, con apelaciones cuasireligiosas y mágicas, la realidad; y, finalmente, a diferencia de las viejas dictaduras militares, para reprimir utiliza más la violencia institucional, discriminando entre unos y otros con las decisiones administrativas, fiscales y las sentencias judiciales.

Es decir, tiene algo de las viejas dictaduras, no todo, pero tiene cosas adicionales. ¿Cómo llamar a este nuevo tipo de dictadura? El ex Presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, las ha llamado “Dictadura del Siglo XXI”, y creo tiene toda la razón.

La Nicaragua Linda

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