Gobierno de Nicaragua no solicitó extensión del TPS

Elaine Duke

Elaine Duke

El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que eliminará en enero de 2019 un estatus migratorio temporal que ampara a 5.349 nicaragüenses residentes en ese país desde hace casi veinte años, estatus bajo el cual han podido vivir, trabajar y enviar a sus familiares miles de dólares en concepto de remesas.

La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, comunicó la decisión del gobierno estadounidense.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) quedó provisionalmente extendido hasta julio del próximo año para los 86.163 ciudadanos hondureños  que han sido beneficiados con el mismo. El 5 de julio de 2018 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. deberá pronunciarse de nuevo sobre su futuro.

El Departamento de Seguridad Nacional formuló el anuncio el lunes, 60 días antes de que expirara el 5 de enero la protección para Honduras y Nicaragua, que obtuvieron el TPS en 1999 debido a los destrozos causados por el huracán Mitch un año antes.

El de Nicaragua, por su lado, verá su fin el 5 de enero de 2019, con un retraso de un año respecto a la fecha inicialmente prevista, para así “permitir una transición ordenada” de sus beneficiarios para que puedan solicitar “un estatus alternativo” o para que “preparen su regreso y reintegración” a su país, dijo la funcionaria.

El Gobierno de Estados Unidos no anunció decisión alguna sobre los TPS para Haití y El Salvador, que también expiran en las próximas semanas y de los que se benefician 58.706 y 263.282 inmigrantes, respectivamente.

Duke dijo el lunes que Nicaragua no solicitó una extensión del TPS, pero Honduras y El Salvador sí han cabildeado intensamente a favor de extenderlo, advirtiendo que un retorno repentino de grupos tan numerosos complicaría la meta de mejorar la calidad de vida en sus países, lo que a su vez podría incrementar el flujo migratorio ilegal hacia Estados Unidos.

La secretaria interina de Seguridad Nacional pidió asimismo al Congreso que promulgue “una solución permanente para este programa temporal” al reconocer “la dificultad que enfrentan los ciudadanos de Nicaragua y potencialmente de otros países”.

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