Nicaragua dejó plantada a la CIDH | Derechos Humanos

CIDHEl Estado nicaragüense, convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no se presentó en la audiencia en que se debatiría la situación general de los derechos humanos en el país.

Las organizaciones peticionarias presentes, expusieron un panorama desalentador, en el que priman las violaciones de derechos humanos, indicando que Nicaragua vive un grave deterioro de los derechos civiles y políticos. Agregaron  que se caracteriza por el debilitamiento cada vez mayor de la institucionalidad, la ausencia de espacios de diálogo, la falta de independencia judicial y la desprotección de una buena parte de la población.

Las organizaciones dieron cuenta de los obstáculos que enfrenta la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos a la hora de acceder a la justicia, tanto para presentar denuncias, como para que las investigaciones conduzcan a la identificación y sanción de los responsables. Es por esto que los casos que involucran a la policía, por ejemplo, y que acusan a algunos de sus funcionarios de abuso de autoridad, agresiones, detenciones ilegales, entre otros delitos, se mantienen sin llegar a una resolución.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos (CENIDH) durante los últimos 6 años, han recibido casi 400 denuncias por incumplimiento de órdenes de libertad, malos tratos, agresiones físicas y sexuales, entre otras.

En referencia a la construcción del canal interoceánico, denunciaron que el 52% de su ruta atravesaría territorios donde hoy habitan pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, a la fecha aún no se organiza un espacio de consulta para resolver su situación.

En la Costa Atlántica, producto de la violencia de “colonos” contra personas indígenas se ha generado el desplazamiento forzado de 3.008 personas de las cuales la mayoría son mujeres y niñas/os, que se encuentran refugiados en algunas comunidades vecinas como Puerto Cabezas, Waspam y  Honduras, indicaron las organizaciones peticionarias. “El resultado de la violencia ha sido un total de 28 personas asesinadas, 18 heridas y 18 secuestradas”, añadieron.  La información disponible indica que ninguno de estos hechos ha sido investigado.

En la audiencia se recordó la expulsión arbitraria de Nicaragua de los abogados de CEJIL Luis Carlos Buob y Marta González, en mayo de 2015. A su caso se suma el de Carlos Ponce, director de Freedom House para Latinoamérica, que fue deportado en febrero de 2016.

Por otra parte, se denunció la falta de acceso a la información pública lo que impide el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Esto se combina con un espectro limitado de medios, producto de la concentración en manos de conglomerados oficialistas, la entrega de licencias para radio y televisión de manera discrecional y el hostigamiento para quienes son críticos de alguna actuación del gobierno.

A partir de esto, los oenegés pidieron a la CIDH solicitar al Estado la autorización para realizar una visita oficial al país, para que pueda constatar la situación, arguyendo que esta petición se ha mantenido desde 2009, aún sin respuesta por parte del Estado. Además, se pidió que incluya a Nicaragua en su informe anual como uno de los países con situación crítica en materia de derechos humanos.

Trinchera de la Noticia

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