Mujeres nicaragüenses protestan contra feminicidios frente a Corte Suprema

mujeres_protestas_contra_violenciaDecenas de mujeres organizadas en el Movimiento Amplio de Mujeres, que aglutina organizaciones feministas de Nicaragua, protestaron hoy frente a la Corte Suprema de Justicia para demandar el cumplimiento de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que entró en vigor en junio de 2012, publicó la agencia EFE. “Hay elementos para que denunciemos públicamente el abandono institucional en el que, tanto la Policía Nacional, la Comisaría de la Mujer y la Fiscalía, han incurrido en el delito de violencia contra la mujer”, señaló la activista del Movimiento Amplio de Mujeres, Mirna Blandón, a periodistas. Según esa organización, las instituciones del Estado han retardado, obstaculizado y negado atención “dolosamente” a las víctimas, impidiendo que accedan a su derecho de protección que les brinda le ley.

Al menos 30 mujeres han sido asesinadas por sus esposos, novios, excompañeros sentimentales, familiares, conocidos o desconocidos en los primeros cuatro meses del año, nueve más que en el mismo período de 2013, de acuerdo con cifras de esos organismos. Las integrantes de los movimientos feministas que componen el Movimiento Amplio de Mujeres también expresaron su preocupación porque algunos de los feminicidas han sido agentes policiales. “Estamos alarmadas por el aumento de los feminicidios y en algunos casos están policías involucrados”, alertó Blandón.

Las manifestantes igualmente exigieron que el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega demuestre, con el Presupuesto General de la República en mano, cuánto destina a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Temas como la inclusión de clases sobre género en las escuelas, campañas contra el machismo y la preferencia por parte de las autoridades a que haya arreglo extrajudicial entre víctimas y agresores, también fueron parte de los reclamos. Las autoridades han defendido que desde 2013 hay Comisarías de la Mujer en los 153 municipios de Nicaragua. En 2013 un total de 67 mujeres fallecieron víctimas del homicidio en Nicaragua, según los datos de la Policía Nacional, y 73, de acuerdo a los organismos defensores de las feminas.

Carta Bodán

Por otro lado, la denominada Comisión Interinstitucional contra la Violencia hacia las Mujeres emitió este martes un pronunciamiento, donde se explica que las protestas y manifestaciones que se desarrollan en el país, tienen el propósito de visiblizar la grave situación de femicidios y violencia en contra de las mujeres en Nicaragua.

El texto íntegro de la organización femenina dice:

De nuestra consideración:

Diversas expresiones del Movimiento de Mujeres de Nicaragua, se dirigen a Ustedes para expresar nuestra preocupación ante la grave situación de femicidio y violencia sexual que viven las mujeres en nuestro país. El Observatorio de la Red de Mujeres Contra la Violencia, registra en este primer cuatrimestre del 2014, un total de treinta mujeres asesinadas,  cinco de ellas habían mediado previamente. Esto alerta y debe poner en alarma a todas las instituciones del Estado de Nicaragua en tanto la violencia contra las mujeres la estamos  viviendo en todo momento, y se agudiza más en momentos de emergencia, en tanto las medidas de prevención de desastre no tienen clara la atención a las mujeres en estas circunstancias.

Las estadísticas tienen nombres de mujeres nicaragüenses y quedarán escritas en éste y muchos de nuestros documentos de demanda, para crear conciencia en los representantes, responsables de llevar adelante leyes y políticas públicas para revertir esta situación de alerta feminista.

Solamente para graficar el mapa de los femicidios en Nicaragua, les recordamos la muerte de:

 

No Nombre y Apellidos Edad Territorio
1 Fanny Adelí Altamirano Flores 26 años El Jicaral, León
2 María Julissa Valverde 20 años Nueva Guinea, RAAS
3 Esperanza Reyes Vásquez 80 años Comarca de Banasuna, Municipio de Rosita, RAAN
4 María Jeannette 16 años San José de Bocay, Jinotega
5  Aracelly 17 años San José de Bocay, Jinotega
6 Elsyn Jenelly Bermúdez Salgado 20 años Jalapa, Nueva Segovia
7 Alba Luz García Blandón 18 años Matagalpa
8 Mariela de los Ángeles López Hondoy 28 años Masaya
9 Gloria Flores Aguilar 21 años Managua
10 Angela María Ortega Chavarría 97 años Barrio San Luis, Managua
11 Hermelinda Reyes González 40 años Comarca Valle Verde, San Pedro del Lóvago, Chontales
12 Rosibel Guerrero Godínez 36 años Nueva Guinea, RAAS
13 Mileydi Campos Miranda 20 años Santa Rosa del Guineo, Nueva Guinea, RAAS
14 María Elena Díaz Aráuz 23 años Barrio Sabadell, Matagalpa
15 Rosibel Pérez Lumus 27 años Muy Muy, Matagalpa
16 María del Rosario López Lira 18 años Las Pilas, Municipio de Villanueva, Chinandega
17 Brenda Maxuel More N/M[1] Bilwi, RAAN
18  Leonza Sonia Gómez Maradiaga 45 años Sureste de Siuna, RAAN
19 Rosa Argentina Reyes Díaz 43 años Cuida Sandino, Managua
20 Aryeris Artola Miranda 29 años Tipitapa, Managua
21 Zenaida García Hernández, 25 años Nueva Guinea,RAAS
22 Sandy Marbely Hernández Mairena 32 años Wiwilí, Jinotega
23 Heydi Lucía Reyes Espinoza 33 años Masaya
24 María Elda Lacayo 40 años Comarca El Nisperal, El Castillo, Río San Juan
25 Johana Saraí González 36 años Tipitapa, Managua
26 Silvia Sánchez Manzanares 19 años Matagalpa
27 Karla José Villagra Garzón 32 años Estados Unidos – Managua
28 Karen Colcclough 37 años Managua – EEUU
29 Francisca Suarez 25 años Jinotega
30 Dominga Amantina Salmerón 67 años Chinandega

Hacemos responsable de estos femicidio a la Comisión Interinstitucional por la falta de seguimiento a la aplicación de la Ley 779. Hay elementos suficientes para denunciar públicamente la Violencia Institucional, la Policía Nacional / Comisarías de la Mujer y la Fiscalía han incurrido en el delito de violencia contra la mujer en el  ejercicio de la función pública, ya que en la mayoría de los casos dolosamente han retardado, obstaculizado y denegado la debida atención, impidiendo que las víctimas accedan al derecho de tener respuesta oportuna.

La violencia en contra de las mujeres es un problema urgente, de salud pública y de seguridad ciudadana, en consecuencia debe aplicarse y hacerse cumplir la Política de Estado de la Ley 779, de manera coherente y disponiendo recursos para responder a esta grave situación que exige respuestas de Estado.

El Estado de Nicaragua ha venido tratando la problemática de modo fragmentada y lenta, ello contradice el derecho internacional de los derechos humanos. La Policía Nacional y las Comisarías de la Mujer manejan una circular que orienta que la violencia doméstica sea llevada por la Comisaría y la violencia que viven las mujeres en las calles, por Auxilio Judicial,  contrario a la Ley 779.

Si un Estado, a través de sus políticas o agentes, propicia o infringe actos de violencia contra las mujeres, la protección internacional de derechos humanos dispone de instrumentos y mecanismos para exigir sin dilaciones que se ponga freno a tales abusos y sean removidas las decisiones que los alientan, permitan o no los eviten.

El ordenamiento legal no ha dado una respuesta integral al problema de la violencia de género,  peor aun cuando la reforma de la 779 es permisiva, al considerar la mediación en casos de violencia.

Preocupa, que el aumento de casos de violencia especialmente de femicidio y violencia sexual en contra las mujeres, cuenta con subregistros, dada la carencia de registros locales y nacional vinculados, que permitan verdaderas estadísticas de lesiones y femicidios, que el flagelo cobra o bien por debilidades en el proceso de registrar debidamente las denuncias.

Hoy, como tantas otras veces, las mujeres continuamos movilizadas para avanzar en el arduo camino de construcción de ciudadanía y la efectiva adquisición de derechos. Continuaremos demandando una efectiva tutela en materia de violación de nuestros límites corporales, la muerte, la situación de inferioridad, en resumen, negaciones de derechos que configuran las formas actuales de opresión de las mujeres y refutan la idea de una libertad y una igualdad ya ganada.

Interpelamos y responsabilizamos al Estado en su obligación de garante de la agudización de la violencia ocasionada por la reforma atroz de la Ley 779, promovida desde la Corte Suprema de Justicia y aprobada por la Asamblea Nacional.

EXIGIMOS:

ü  Cumplan con la Ley 779 y la Política de Estado contra la violencia hacia la mujer y se pronuncien públicamente qué están haciendo para evitar los femicidios y la violencia hacia las mujeres.

ü  Que convoquen a reunión de urgencia donde participen organizaciones del Movimiento de Mujeres, para analizar la problemática y conocer las acciones que realizarán de prevención, sanción y erradicación de la violencia, previsto en Ley y la Convención de Belén Do Para.

ü  Den a conocer la Política Publica de Estado de la Ley 779 y señalen el monto presupuestario para su implementación en materia de prevención, educación, sanción.

ü  Una campaña de difusión de la Ley 799, conforme lo establece la ley misma. Campaña de prevención de la violencia, lo que conlleva hacer ajustes y cambios curriculares en educación

ü  Informen públicamente el monto para prevenir la violencia contenido en el Presupuesto General de la República. Como Comisión y por institución del Estado.

ü  Investigación inmediata de las responsabilidades de aquellos operadores (Policía Nacional) que conocieron denuncias de violencia de mujeres que resultaron asesinadas (feminicidios) por falta de protección de las víctimas y la tramitación adecuada de las denuncias, así como definir las sanciones correspondientes.

ü  Que los y las funcionarias cumplan con la 779, actúen con celeridad en la ruta de administración de justicia de acuerdo a principios y normas establecidas en la Política. Cada demanda/acusación debe ser investigada a profundidad y con principios éticos.

ü  No estimular la mediación ni presionar a las mujeres a hacerlo; es una decisión que corresponde únicamente a las mujeres

ü  Implementación de la Política de Estado contra la violencia hacia las mujeres

ü  Conocer y divulgar el Presupuesto asignado en la Política de Estado, particularmente en cuanto la prevención y la sanción de  la violencia en contra de las mujeres

ü  Atención adecuada a denuncias de malos tratos, violencia verbal, psicológica, entre otros

ü  Más y mejor funcionamiento de servicios de asesoramiento a las maltratadas, exigiendo al MINSA asumir la atención psicosocial correspondiente

ü  Políticas hacia los medios de comunicación; indistintamente donde estén ubicados

En el ámbito judicial requerimos diligencia en las investigaciones policiales y judiciales, las que deben estar exentas de estereotipos discriminatorios. Los operadores de la Justicia deben abordar con seriedad las investigaciones sobre hechos de violencia en contra de la mujer; de lo contrario se produce una nueva vulneración de derechos durante la tramitación de las causas. Las pruebas recolectadas deben ser valoradas con perspectiva de género y exentas de prejuicios y estereotipos machistas.

La debida diligencia en las investigaciones policiales y judiciales, además que las condenas sean impuestas en debido tiempo y forma lo que ayudaría a erradicar el patrón de impunidad que actualmente existe.

Exigimos un accionar coherente con los tratados internacionales de Derechos Humanos por parte de los diferentes poderes del estado los exhortamos a tomar seriamente la violencia que padecemos como mujeres, y asegurar nuestro derecho humano fundamental a una vida libre de violencia. Como movimiento continuaremos propugnando por una Justicia no misógina.

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