Ley de Seguridad Soberana: El retorno al somocismo | Nicaragua

es_prohibido_protestarPor Roberto Samcam

No podría entenderse el esfuerzo del régimen de Ortega por pasar una ley que atenta de manera directa en contra de TODAS las libertades públicas de los nicaragüenses, sin remitirnos al referente teórico que le dio origen, el documento SOCIALISMO DEL SIGLO XXI: HERMANDAD REVOLUCIONARIA, elaborado en enero del 2009 bajo la tutela del “comandante eterno” Hugo Chávez Frías. Este documento constituye el Paso a Paso, literalmente hablando, de lo que estamos viendo al día de hoy en el aspecto militar, entendiendo esto como la actuación de la Policía y el Ejército en función de la protección y salvaguarda del modelo que pretende consolidar la familia Ortega Murillo para eternizarse en el poder. En este sentido entonces, la Ley de Seguridad Soberana no es más que la consecuencia de lo planteado hace siete años y la pretensión no es más que legalizar, mediante ley, la represión indiscriminada a todo lo que el régimen considere que atenta contra su existencia.

LA COOPTACION DEL ESTADO A TRAVES DE SU TRANSFORMACION

En aquel entonces se plantearon hacer profundos cambios en diferentes áreas de la vida nacional, para derrumbar los cimientos del “viejo estado libero – conservador burgués y vende patria” que se estableció durante los 16 años de la post guerra. Era un intento deliberado de cooptar el estado nacional, transformarlo y reconfigurarlo en beneficio de la familia, el partido y las cúpulas cooperadoras necesarias, escogidas para tal fin. El aliciente principal era definitivamente el usufructo de la cooperación venezolana, que en la práctica significaba el acceso totalmente discrecional de cientos y miles de millones de dólares; el modelo ideológico era el posicionamiento de una Nicaragua Socialista, Cristiana y Solidaria; y el objetivo planteado era simplemente mantenerse en el poder al menos por 15 años de manera consecutiva, lo que permitiría sentar las bases para que el modelo se reprodujera y pudiera andar por sí mismo, algo así como una copia corregida y mejorada del modelo instaurado por los viejos dinosaurios del PRI mexicano. Las transformaciones para la reconfiguración del estado estaban definidas en las áreas políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas y militares. Nos vamos a ocupar en este Editorial de la parte correspondiente al área militar.

LA COOPTACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

El proceso de cooptación de las Fuerzas Armadas, Ejército y Policía, no es nada nuevo en nuestro país. Proviene desde la época de Anastasio Somoza García, impuesto como Jefe Director de la Guardia Nacional por la intervención norteamericana que luchaba en aquel entonces contra Sandino. Tanto el cómo los dos hijos que le sucedieron en el poder, vieron en el cuerpo armado la fuente del poder real y cultivar una relación basada en la prebenda, la impunidad y el enriquecimiento ilícito a costa del erario público, fue la génesis de la simbiosis entre el poder político y el poder militar. Durante el proceso vivido en los años de la Revolución, el Ejército y la Policía constituían el brazo armado de esta, ambos sandinistas y ambos creados para defender y preservar las conquistas de la Revolución. Luego vino la derrota del 90 y durante 16 años, ambas instituciones se amoldaron a los nuevos tiempos, unos tratando de preservarse y otros aceptando las nuevas reglas, participando activamente en ellas, independientemente de que en dicha participación estaba implícito el fenómeno de la corrupción. La llegada de Ortega al poder planteaba una situación compleja para ambas instituciones, en términos políticos, ideológicos y económicos. Unos por haberse ofrecido demasiado durante los 16 años anteriores y había que “expiar esos pecados” y otros por tener un flanco económico visible y vulnerable, la “debilidad” de tener un inmenso emporio empresarial que requiere del visto bueno y la complicidad gubernamental. En consecuencia, unos estaban maduros para ser cooptados inmediatamente y otros necesitaban un proceso de mayor “cocción” o “estímulos”, pero que al final caerían, ya que si algo bueno hacen los cooptadores es tomarle la medida al blanco potencial, controlar sus debilidades y explotar sus necesidades. Y la cooptación se dio. Total y completa.

LAS REFORMAS DE ENERO DEL 2014

Enero del 2014 fue el punto de no retorno para el régimen orteguista. Con la mayoría espuria conquistada mediante el fraude electoral del 2011, se sintieron con la suficiente confianza como para emprender el viciado camino de las reformas a la Constitución, al Código de Organización Militar y a la Ley de la Policía. En la primera, Ortega se agenció la reelección indefinida, el principal escollo para sus delirios de eternidad en el poder. En la segunda, dotó al Ejercito de la Doctrina de Seguridad Nacional y en la tercera, subordinó a sus intereses y caprichos a la institución policial, autoproclamándose Jefe Supremo de la Policía Nacional, convertida al día de hoy en la Policía Orteguista (PO). Faltaba la instrumentalización jurídica de la Doctrina de Seguridad Nacional que les diera colmillos y garras y de ahí la necesidad de la creación de la Ley de la Nueva Seguridad del Estado o su antecedente primario, la Oficina de Seguridad Nacional de los Somoza.

LA LEY DE SOBERANIA NACIONAL: LA ESPADA DE DAMOCLES PARA TODOS

Al mejor estilo del Agente 007, la ley que está en proceso de análisis en la Asamblea Nacional le da a los órganos de inteligencia del Ejército y la Policía, licencia para matar, metafóricamente hablando. Frente al objetivo de la ley, definido como “la preservación de los intereses supremos de la nación frente a cualquier riesgo, amenaza o conflictos que atenten contra la seguridad soberana”, se contraponen los intereses de todos los nicaragüenses, identificados estos como las garantías del estado al usufructo de las libertades individuales y colectivas de la ciudadanía, entre las que están la Libertad de Expresión, la Libertad de Movilización, la Libertad de Organización, el Derecho a la Protesta entre otros. No es la Constitución quien define si estos derechos atentan o no contra el poder establecido, sino que son los órganos de inteligencia, tanto del Ejercito como de la Policía quienes definen si estos derechos fundamentales atentan contra los intereses supremos de la familia en el poder. La protesta ha sido criminalizada, perseguida y atacada hasta hoy mediante el uso de paramilitares, antisociales y con la complicidad de la policía. Ahora, la ley les dará carta libre para reprimir, les autorizará reprimir, les dará el poder para discernir sobre el terreno, si una actividad individual o colectiva es un riesgo o una amenaza para el estado propiedad de la familia Ortega Murillo, para el “Pueblo Presidente”.

EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y EL ESTADO DE INDEFENSION

El sistema está organizado para que NADIE escape del largo brazo de la “justicia orteguista”. Opositores, empresarios, aliados, indiferentes, TODOS están en la mira de los aparatos de seguridad para que nadie cuestione el poder, nadie lo confronte y todos acepten como inevitable la estadía por largo tiempo de la familia Ortega Murillo al frente del estado nicaragüense. La Dirección de Información para la Defensa, DID, es la ejecutora principal de la ley, delegados por el Ejército y estos a su vez, delegados por el comandante Ortega. Nuevamente caemos en un estado policiaco, al igual que en el somocismo, que privilegia los intereses de la familia gobernante por encima de la nación entera. Nuevamente quedamos en la indefensión ante los órganos de inteligencia del Ejército y la Policía.

Será nuestra palabra contra el veredicto de los ejecutores militares y policiales, quienes a su vez estarán acuerpados por otras instituciones, entre las que debemos señalar las más peligrosas en orden de importancia, después de los órganos de inteligencia: la UAF, la SIBOIF y Aduanas. Van con todo y si los empresarios aliados del gobierno piensan que están al margen del peligro, revisen las funciones de las tres instancias señaladas. Control de cuentas bancarias, flujos de capital a lo interno y externo del país, importaciones y exportaciones de bienes de y al exterior. El mensaje es más que claro para estos sectores: en este barco estamos juntos, si se hunde nos hundimos todos. Han disfrutado de las maduras, ahora que se avizoran las duras, las padecerán también.

EL VERDADERO TRASFONDO DE LA LEY

La ley persigue criminalizar la protesta ciudadana para que no haya demanda por elecciones libres, honestas, transparentes, competitivas y observadas. Para que no haya más protestas por la demanda de derogar la Ley 840, la ley que entregó la soberanía nacional a una empresa extranjera. Para que no haya más protestas de todos los Veteranos de Guerra, SMP, Ejército, Ministerio y Resistencia, que exigen la reglamentación y cumplimiento de la Ley 830. Para intimidar a la población y evitar cualquier demanda de la ciudadanía que exija el cumplimiento de las leyes, de sus derechos ciudadanos, de sus derechos gremiales, de sus derechos constitucionales.

La ley también intenta prevenir las consecuencias de un eventual fraude electoral en el 2016, toda vez que la situación interna y externa le ponga a Ortega cuesta arriba un triunfo cómodo e inapelable en las próximas elecciones nacionales. Tiene la experiencia de Ciudad Darío y de Nueva Guinea en el 2012. No desconoce la fractura dentro de sus propias filas, debido fundamentalmente al mortal virus de la corrupción. Tampoco se desentiende del fracaso económico y político que ha significado su alianza con el Gran Capital y las cúpulas empresariales. Hay más pobres, hay más desesperanza, hay más, mucho más desigualdad.  Ante un escenario que multiplique los ejemplos del 2012, necesita una ley que le permita controlar a sangre y fuego cualquier demanda masiva que ponga en peligro la estabilidad del régimen.

La ley también persigue proteger los capitales creados al amparo de la cooperación venezolana. No solo protegerlos, también preservarlos, legalizarlos y legitimarlos. Por eso la Ley 840, por eso la alianza con el Gran Capital, por eso el Ejército y la Policía utilizados como protectores y parapetos de una enorme corrupción de varios miles de millones de dólares.

La ley es el reflejo del temor de Ortega y del orteguismo, al contagio de la ciudadanía de hechos como los ocurridos en Guatemala, donde una población cansada de tanta corrupción se expresó masivamente en las calles y sacó del poder a una claque de sinvergüenzas que habían cooptado el estado y lo habían transformado para saquearlo impunemente, mediante un proceso de reconfiguración de todas las instituciones públicas. El temor del poder es la fortaleza del pueblo, en cambio, el temor del pueblo es la fortaleza del poder.

Del blog de Roberto Samcam

Enlace para bookmark : Enlace permanente.

Deja un comentario