La seguridad jurídica y la modernización del Poder Judicial de Nicaragua

el_pulso_de_la_semanaPor Edmundo Jarquín

Poner un motor en una carabela

Nada modernizaría más al poder judicial nicaragüense que se cumplieran las leyes, y que se tuviera certeza que jueces y magistrados no obedecen a más intereses que la primacía de las mismas.

La anterior afirmación puede lucir como algo trillado pero resulta relevante porque vi, no sin asombro, y me parece lo mismo habrá ocurrido a muchos, una invitación para escuchar a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) disertar sobre la “modernización del poder judicial”.

¿Qué es “modernización del poder judicial” en Nicaragua? ¿Nuevos edificios y nuevo mobiliario? ¿Más computadoras? ¿Informatización del registro de la propiedad? Tomemos este último caso: se pueden poner en línea, y con el último grito de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), los registros de la propiedad, y no tendremos más seguridad jurídica en cuanto a los derechos de propiedad si por influencias políticas los mismos se ven afectados para beneficiar a algunos en perjuicio de otros. Y eso ocurre en Nicaragua con bastante frecuencia.

¿De qué sirve la modernización tecnológica del poder judicial si los fallos, sentencias y resoluciones, además de ser influenciadas políticamente, muchas veces tampoco son acatadas por las autoridades administrativas como ocurre con la Dirección General de Aduanas, cuyos abusos han sido noticia nuevamente? ¿Y las violaciones a la Constitución que han sido amparadas, e incluso ejecutadas, por la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la cual se diserta sobre la “modernización judicial”? ¿Para qué sirven modernas máquinas en el poder judicial si desde ahí se amparan los abusos de poder y los ciudadanos estamos en la mayor indefensión frente al abuso?

Esa disertación sobre la “modernización judicial” resulta tan irónica como la noticia del Presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) disertando en Puerto Rico sobre modernización de los sistemas electorales, mientras en un excusado de Santa María de Pantasma aparecieron numerosas cédulas de identidad, a color, brillantes, con códigos de seguridad ultramodernos, a prueba de agua y de roturas, mientras los ciudadanos a quienes se debieron haber entregado se quedaron en la mayor inseguridad jurídica, económica y política, porque no han podido votar, hacer gestiones, aplicar a un empleo o realizar gestiones ante las autoridades.

Esa “modernización” es poner un motor fuera de borda a una de las carabelas de Colón, como sarcásticamente me comentó hace algunos años un experto que había sido contratado para “modernizar” la administración pública de un gobierno autoritario y corrupto.

Más sorprendentes resultan esas disertaciones sobre “modernización” cuando al mismo tiempo se publicó el ranking de competitividad de los países, que periódicamente realiza el Foro Económico Mundial, y nuestro país permanece entre los países de la cola por diversos factores, entre los que se cuentan de manera destacada las causas vinculadas a la inseguridad jurídica y las debilidades institucionales.

Entre las causas de que la competitividad de nuestro país permanezca estancada también se mencionan factores, como el costo del financiamiento, que lucen alejados del tema que estamos mencionando pero, como veremos, no están tan alejados. La inseguridad jurídica y de los derechos de propiedad, ahora no amenazados por confiscaciones de origen ideológico pero sí de las que derivan de conflictos de intereses cuando se choca con los intereses empresariales del círculo gobernante, están entre las razones de que el financiamiento disponible en Nicaragua para las inversiones sea más costoso y de menor plazo que en otros países.

Hacer eco a esas modernizaciones perversas -sí, perversas, porque a lo único que ayudan es a hacer más eficientemente el fraude y las violaciones a las leyes, es decir, hacer más eficientemente el mal- termina siendo un incentivo para las mismas, aunque no sea ese el propósito.

La Nicaragua Linda

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