La marcha de mañana 10 de diciembre

Iglesia: “…Si no se respeta el derecho a la propiedad y su justa remuneración en caso de expropiación para fines exclusivos de la realización del proyecto del canal; si el daño ecológico es mayor al beneficio económico; si se va a modificar sustancialmente nuestra cultura e idiosincrasia, nos oponemos. Estamos con los más pobres y dispuestos a defender, de manera pacífica sus derechos”.

Iglesia: “…Si no se respeta el derecho a la propiedad y su justa remuneración en caso de expropiación para fines exclusivos de la realización del proyecto del canal; si el daño ecológico es mayor al beneficio económico; si se va a modificar sustancialmente nuestra cultura e idiosincrasia, nos oponemos. Estamos con los más pobres y dispuestos a defender, de manera pacífica sus derechos”.

Por Enrique Sáenz / Diputado

Mañana diez de diciembre es Día Internacional de los Derechos Humanos. Con este motivo, se ha organizado una marcha, en Managua, en defensa de uno de nuestros derechos humanos fundamentales: el derecho a tener un país. Porque, en verdad, lo que está en riesgo con el proyecto de los chinos y de Ortega es quedarnos sin país. No es exageración: partir a Nicaragua en dos, acabar con el lago y dejarnos sin ley y sin soberanía es precisamente eso, perder el país.

Desde esta perspectiva, es muy pertinente el lema que desde distintas organizaciones se ha levantado: “Nicaragua es Nuestra!”. Igualmente, por su pertinencia, creo oportuno resaltar algunos párrafos del mensaje emitido por los sacerdotes de la Diócesis de Granada, encabezados por el Obispo Jorge Solórzano:

“Más allá de la polarización –dice el mensaje- se deja entrever que, en general, hay desconocimiento real y verdadero del proyecto del canal. La información, por parte del Gobierno y concesionarios ha sido poca y confusa; se requiere, y la comunidad está exigiendo, claridad y transparencia”.

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“…Si no se respeta el derecho a la propiedad y su justa remuneración en caso de expropiación para fines exclusivos de la realización del proyecto del canal; si el daño ecológico es mayor al beneficio económico; si se va a modificar sustancialmente nuestra cultura e idiosincrasia, nos oponemos. Estamos con los más pobres y dispuestos a defender, de manera pacífica sus derechos”.

“La comunidad, y con ella, nosotros, al verse afectadas están en su derecho de levantarse y manifestar su oposición, de exigir claridad, transparencia y sobre todo justicia”.

La iglesia católica sigue desempeñando un papel profético que es justo reconocer.

La marcha no es solamente para reclamar por el legítimo derecho a la propiedad de la población hoy amenazada con el despojo. La marcha es de interés nacional porque en definitiva todos somos amenazados. Hoy soy ellos, mañana puede ser cualquier otro territorio, cualquier otra población del país, ya que los términos de la ley aprobada por Ortega compromete al país entero.

Así que resulta un ejercicio elemental de ciudadanía asistir o respaldar la marcha. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Si perdemos el país, no tendremos ya que defender.

A la par, participarán en la marcha un grupo de antiguos trabajadores del Ingenio San Antonio que padecen insuficiencia renal crónica. Hombres y mujeres mayores, con sus bastones y mochilas, iniciaron el primero de diciembre una caminata de 120 kilómetros, desde Chichigalpa hacia Managua, aguantando sol y durmiendo a la intemperie. Hoy, muy temprano estaban a las puertas de la Asamblea Nacional presentando sus demandas.

Y hay que reconocer que sus demandas son perfectamente razonables. Y son demandas vitales para miles de personas que se encuentran en riesgo de padecer esta enfermedad y para centenares que ya la padecen.

Ellos piden que se declare zona de emergencia sanitaria el municipio de Chichigalpa y que las instituciones responsables inicien de forma urgente un estudio científico para identificar las causas de la epidemia. Piden que el gobierno realice un análisis técnico del agua que consume la población de Chichigalpa. Y que el MInsa desarrolle una atención médica especializada a las personas que ya están enfermas. Cada enfermo de IRC que fallece, y son centenares los fallecidos, son viudas y huérfanos que quedan en la indigencia.

Además proponen una reforma al código del trabajo para que cuando un trabajador interponga un reclamo ante el MITRAB por padecimiento renal, debidamente diagnosticada por una comisión interinstitucional, el MITRAB ordene al empleador pagar una indemnización de manera provisional y precautelar a la persona afectada. Finalmente solicitan que el Ingenio San Antonio cumpla con el artículo 127 del Código del Trabajo.

Hasta ahora el gobierno y la empresa han prestado oídos sordos a estas demandas. No podemos olvidar que un reclamante fue abatido por la policía en un acto represivo que ha sido enterrado junto con la víctima.

Son demandas perfectamente atendibles. Pero el gobierno sigue insensible. Pero sí guarda extrema sensibilidad para continuar su contubernio con los jerarcas del gran capital para rebajarse los impuestos y continuar con su desaforado enriquecimiento.

Del blog de Enrique Sáenz

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Un comentario

  1. NOTAS Y NOTITAS:

    Mi respeto y honor a quien honor se merece. No es así nomás recorrer a pie 120 kilómetros desde Chichigalpa hasta Managua, todo por exigir sus derechos fundamentales. Digno ejemplo a seguir por todos nosotros. Dios salve a Nicaragua !!

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