La estabilidad financiera del INSS y el aumento a las pensiones de “los viejitos” | Nicaragua

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Por Roberto Escobedo Caicedo

Mucho se ha escrito sobre la situación financiera del Instituto de Seguridad Social de Nicaragua (INSS) y los años que puede mantener su situación actual, caracterizada por los préstamos irrecuperables que ha hecho a personas allegadas al orteguismo; las pensiones que pasan a personas que nunca cotizaron ni siquiera una semana, como son una gran cantidad de desmovilizados de los aparatos de terror del orteguismo; las pésimas administraciones, caracterizadas por el alto grado de corrupción; los gastos administrativos que superan con creces el máximo pemitido de conformidad con su Ley Orgánica; el incremento de su burocracia, desde que aprobaron la ley que permite a oficiales del Ejército Popular Orteguista y de la Policía Orteguista, desempeñar cargos en la administración pública, aún estando en servicio, los que son poco menos que fantasmas o supernumerarios, los que en la practica se comportan como informantes de la Seguridad del Estado, etc.

No hay ningún intento de la corrupta administración del INSS, confiada a un guardia orteguista, de recuperar la cartera de la institución, demandando a las empresas que no enteran las cotizaciones correspondientes a los empleados y trabajadores que figuran en su planilla; los préstamos hechos a allegados de Ortega Saavedra, como los 2 millones de dólares prestados al genocida, Tomás Borge Martínez, utilizando como mampuesta al diputado orteguista, Mario Valle, dando como garantía un terreno cuyo valor de mercado es de apenas 10 mil dólares; los préstamos hechos a las empresas del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), etc.

En la época de Somoza Debayle, cuando ponían a un militar en situación de retiro en un alto cargo de la administración pública, las personas, cuando manifestaban su opinión sobre ese nombramiento, se expresaban en los siguientes términos: han puesto a un guardia bruto donde debería estar un profesional. Pues ahora ocurre lo mismo y en mayor cuantía, por cuanto los guardias brutos ocupan cargos relevantes, como es el caso del seguro social con Roberto López Gómez, en la Presidencia Ejecutiva del INSS.

Los llamados “viejitos” desfilan pidiendo les reajusten las pensiones que les pasa el seguro social, por una decisión de Ortega Saavedra. Ahora, la Asamblea Nacional ha aprobado para ellos una escala de pensiones, según el número de semanas trabajadas, aprobando tal decisión hasta los representantes del PLI, cumpliendo órdenes del llamado líder de la oposición al orteguismo y que no es más que uno de sus mayores cómplices en la realización de fraudes electorales, Eduardo Montealegre Rivas, el que necesita vivir permanentemente protegido por la inmunidad parlamentaria de una diputación, para no pasar varios años en la cárcel por el caso de los CENIS.

Ahora bien, ¿de dónde saldrá el dinero para pagar las nuevas pensiones reajustadas a los llamados “viejitos”? Según los reglamentos del seguro social, las pensiones de jubilación deben reajustarse cada mes de diciembre, para tomar en cuenta la inflación registrada durante el año a punto de terminar; otro porcentaje que tenga en cuenta el deslizamiento de la moneda respecto del dólar, pero lo que se ha hecho en la práctica es disminuir año con año el monto de la pensión que recibe cada jubilado, los que cotizaron durante 750 semanas o más de su vida laboral y cumplieron los 60 años de edad.. Esas disminuciones progresivas del monto de las pensiones de los verdaderos jubilados son utilizadas para darles pensiones a los compactados de los aparatos de terror del orteguismo, los que nunca trabajaron en su vida y mucho menos cotizaron siquiera una semana al INSS.

Es por esto que varios economistas y expertos en seguridad social, han recomendado que para no provocar el colapso anticipado del INSS, las pensiones de jubilación de los llamados “viejitos” salgan del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el que haría transferencias al seguro social para cumplir con los compromisos contraídos con ellos por Ortega Saavedra y sus cómplices de la supuesta oposición política, cumpliendo las órdenes recibidas del más obsecuente títere del secretario general del FSLN, Eduardo Montealegre Rivas.

Otra amenaza que se cierne sobre las reservas técnicas del fondo de pensiones de jubilación del INSS, es la de los desmovilizados del Ejército Popular Sandinista, Tropas de Combate del Ministerio del Interior, Tropas Guarda Fronteras, reclutas del servicio militar obligatorio, etc. Todos estos vagos están pidiendo pensiones de jubilación, realizando huelgas de hambre durante el día para hartarse durante la noche. Estos individuos deben tomar en cuenta que ellos no han defendido los intereses de Nicaragua, su soberanía e integridad territorial en guerra contra ningún otro país, sino los intereses de nueve connotados delincuentes disfrazados de “revolucionarios”, como lo fueron los de la Dirección Nacional del FSLN, los intereses geoestratégicos de la URSS en la región centroamericana y los del terrorismo internacional.

El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército Popular Orteguista, es el que debe cargar con pagarles pensiones de jubilación a los que nutrieron sus filas cuando se llamaba, Ejército Popular Sandinista, cometiendo toda clase de crímenes y robos, lo mismo que brindando protección a todos los beneficiarios con la adjudicación de bienes confiscados durante el período1979-1990. Estos nunca cotizaron ni siquiera una semana al INSS, por lo que no tienen derecho a nada.

Es más, todos estos delincuentes desmovilizados de los aparatos de terror de lo que hoy es el orteguismo, recibieron parcelas de varias manzanas de tierras aptas para el cultivo, formando cooperativas con la ayuda que recibieron de los gobiernos neoliberales para adquirir maquinaria agrícola. Pero todo lo vendieron, gastando el dinero en francachelas.

Los verdaderos jubilados, los que cotizaron 750 semanas o más durante su vida laboral y cumplieron los 60 años de edad, deben mantenerse ojo al cristo para que no disminuyan la raquítica pensión que reciben mensualmente, quitándoles parte de lo que les corresponde para complementar lo que les están dando a los “viejitos” a sus expensas. Si a estos les aumentan lo que les están pasando en concepto de pensiones reducidas, debe salir del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Estos “viejitos” nunca han pedido que el INSS recupere judicialmente la abultada cartera que tiene para reajustarles sus pensiones. ¿Por qué será?

No estoy en contra de los reajustes de las pensiones a los “viejitos”, sino que los verdaderos jubilados, los que cotizaron 750 semanas o más de su vida laboral y cumplieron los 60 años de edad, por motivos electorales del orteguismo vean cada mes disminuidos los montos de sus pensiones de jubilación. No tienen ninguna obligación de compartir sus raquíticas pensiones con nadie.

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