La educación sigue siendo la cenicienta en Nicaragua

silvio_avilez_gallo_bloquePor Silvio Avilez Gallo

Los países democráticos se rigen por lo que se establece en la Constitución política y las leyes ordinarias, que determinan la estructura y las disposiciones básicas de organización. Nicaragua, cuya carta magna consagra la vigencia del sistema republicano de gobierno, las garantías y libertades fundamentales así como los derechos y deberes de los ciudadanos, no es la excepción, si bien la teoría no siempre coincide con la realidad. Por ejemplo, nuestra Constitución consagra como principio fundamental la independencia de los poderes del Estado, pero en la práctica el Ejecutivo los controla  todos: Legislativo, Judicial y Electoral, este último elevado a una categoría que no figura en la clásica división establecida por Montesquieu en “El espíritu de las leyes”.

    La existencia del ejército se fundamenta en la defensa de la soberanía nacional contra las agresiones provenientes del exterior. A su vez, la policía se encarga del mantenimiento del orden interno y de la seguridad ciudadana. En la práctica, los países pequeños suelen mantener unas fuerzas armadas modestas, debido a que el sistema internacional vigente —las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y las alianzas bilaterales o multilaterales— consagra y garantiza el principio de no agresión. A pesar de ello, la mayoría de los pequeños y medianos países se muestran renuentes a confiar su defensa a organismos internacionales y prefieren contar con sus propias fuerzas.

     En Centroamérica existe el precedente de dos pequeños países —Costa Rica y Panamá— que han abolido el ejército como institución y solamente cuentan con fuerzas policiales para el mantenimiento del orden interno. Costa Rica lo hizo el 1º de diciembre de 1948, mientras que en Panamá la iniciativa es más reciente.

     Nicaragua, al igual que varios países latinoamericanos, debe hacer frente a una fuerte reducción de los recursos presupuestarios debido a la disminución de los ingresos del gobierno, como consecuencia de la desaceleración económica, la alta tasa de desempleo, una merma de las exportaciones y el recorte de la ayuda y cooperación venezolanas con posterioridad al fallecimiento del ex presidente Chávez, a consecuencia de la precaria situación de la economía de ese país..

      Es bien sabido que la educación es el motor del desarrollo para los países que desean superarse y que solamente mediante un sistema de enseñanza eficiente y masivo que incluya al menos los ciclos básico y medio se podrá lograr la erradicación del analfabetismo y que la niñez y la adolescencia cuenten con una formación que los capacite para continuar con la educación superior, tanto académica como técnica.

     En cuanto al sector salud, se requiere intensificar los programas de cobertura para toda la población, modernizar el sistema de atención en clínicas y hospitales a fin de lograr mejores estándares de salud y desterrar plagas y enfermedades resultantes de las precarias condiciones sanitarias en que vive la mayoría de los habitantes del país.

     Por consiguiente, ambos sectores requieren cada vez mayores recursos para hacer frente no sólo al crecimiento demográfico, sino también contar con mayor número de funcionarios idóneos así como aumentar especialmente la remuneración del personal docente, que en muchos casos a duras penas alcanza para cubrir el costo de la canasta básica.

     En consecuencia, ante el empeoramiento de la situación económica del país y la consiguiente baja en los ingresos fiscales, los legisladores se ven forzados a efectuar reajustes presupuestarios que alcanzan al 7,2% del monto previamente aprobado  Pero no se concibe que esta merma afecte primordialmente a  los rubros de educación (-1,2% o C$107 millones) y salud (-1,1% o C$107 millones), en tanto que el corrupto, inoperante e ineficiente Consejo Supremo Electoral ve su presupuesto incrementado en ¡119.200 dólares!    

     En esas circunstancias, resulta inexplicable el anuncio del gobierno del Comandante Ortega respecto de la negociación con la Federación de Rusia para adquirir armas y equipos a fin de modernizar el Ejército de Nicaragua.  Se informa que el monto de la operación superaría los 1.000 millones de dólares. Un verdadero contrasentido, cuando se causa grave perjuicio a dos áreas fundamentales, como son educación y salud.   

     A la hora de aplicar recortes presupuestarios, las autoridades deben sopesar cuidadosamente los efectos que tendrán en determinados rubros.  Se trata de una cuestión de prioridades.

Enlace para bookmark : Enlace permanente.

Deja un comentario