¿Hasta cuándo reaccionará Nicaragua frente al empecinamiento de Colombia?

silvio_avilez_gallo_bloquePor Silvio Avilez Gallo

Nicaragua y los países respetuosos del derecho internacional siguen esperando que las autoridades colombianas se decidan por fin a aceptar y cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 19 de noviembre de 2012, que resolvió definitivamente el litigio que la nación sudamericana tenía con nuestro país respecto de los territorios insulares del Caribe y la delimitación del mar territorial de ambos.

En una astuta jugada política, el presidente Santos sometió el asunto de la aceptación del fallo a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la que resolvió que, de acuerdo con una disposición constitucional, los límites internacionales solamente pueden modificarse mediante un tratado debidamente suscrito y ratificado por el Congreso colombiano. De modo que tanto Santos como el candidato opositor Zuluaga se han puesto de acuerdo con esta tesis, que viene a confirmar que Colombia no reconocerá el fallo de la CIJ y ahora buscará negociar un nuevo tratado con Nicaragua para fijar los límites marítimos en el Caribe.

La pretensión de Colombia debe ser enérgicamente rechazada por Nicaragua porque constituye una violación flagrante del derecho internacional, que tiene preeminencia sobre el derecho interno de los países.  Tanto Colombia como Nicaragua, al someter el diferendo a la jurisdicción de la Corte de La Haya, se comprometieron de antemano a aceptar la decisión de la CIJ, que es de estricto cumplimiento.  Esgrimir ahora  el conflicto que existe, según Colombia, entre el fallo del alto tribunal internacional y la Constitución colombiana equivale a ignorar no sólo la propia ley nacional —que se supone que tanto el presidente Santos como la Cancillería de Bogotá deberían conocer a fondo— sino sobre todo pretender la inaplicabilidad de uno de los principios fundamentales del derecho internacional, como es la máxima “pacta sunt servanda” (los compromisos se cumplen), así como otra disposición que estipula que el derecho internacional tiene precedencia sobre el derecho interno de las partes.

A falta de un argumento sólido, Colombia sigue pretendiendo que el tratado Bárcenas Meneses—Esguerra de 24 de marzo de 1928, debidamente ratificado en Managua el 5 de mayo de 1930, fijó el meridiano 82 como límite marítimo internacional en el Caribe entre ambos países, tesis que fue rechazada por la CIJ. El propio convenio de 1928 se intitula “Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua” y se abstiene de consignar la palabra “límite”.   La única mención del meridiano 82 se hace en el instrumento de canje de ratificaciones de 1930, que dice textualmente  “que el Archipiélago de San Andrés y Providencia, que se menciona en la cláusula primera del Tratado referido, no se extiende al occidente del meridiano 82 de Greeenwich.”

Colombia quiso hacer una interpretación antojadiza del Tratado de 1928 y del instrumento de canje de 1930, al pretender que el meridiano 82 constituía el límite entre ambos países, tesis que fue tajantemente rechazada por la CIJ en su histórico fallo de 2012.

Para reforzar su negativa a aceptar la sentencia que puso fin al litigio con Nicaragua, Colombia procedió con posterioridad a denunciar el Pacto de Bogotá de 1948, suscrito por los países miembros de la OEA, también conocido como Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, pero dicha denuncia sólo surtirá efecto un año después de interpuesta y no afecta los compromisos contraídos con anterioridad.  Además, tanto Santos como el Ministerio de Relaciones Exteriores parecen “olvidar” (una vez más) que Colombia, como miembro de las Naciones Unidas, está obligada a acatar las disposiciones pertinentes de la Carta de la ONU, que establece que la CIJ es el órgano judicial de los Estados Miembros, los que están obligados a aceptar  de manera ineludible e inapelable los fallos en los litigios que las partes le sometan.

El nefasto precedente sentado por Colombia es una grave amenaza para la paz y la estabilidad del sistema internacional, que se basa en la buena fe y el respeto a los tratados debidamente suscritos y ratificados.  Resulta verdaderamente inexplicable que tanto el Comandante Ortega como el Ministerio de Relaciones Exteriores se hayan abstenido hasta hoy de recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar el desacato y la actitud recalcitrante de Colombia.  Ningún país, por poderoso que sea, puede desafiar la autoridad de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y situarse al margen del derecho internacional.

Permitir esta impertinencia equivale a reconocer queel derecho de la fuerza se ha impuesto increíblemente sobre  la fuerza del derecho.  Ya la OEA  claudicó vergonzosamente de sus responsabilidades ante el desplante de algunas dictaduras. Nos resistimos a aceptar que ahora le haya llegado el turno a las Naciones Unidas.

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