Enfermos renales crónicos son victimas de retardaciòn de justicia | Nicaragua

Foto archivo / AP Photo/Esteban Felix.

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Familiares de los ex cañeros detenidos el pasado 7 de octubre en las protestas de Chichigalpa denunciaron que son víctimas de retardación de justicia, pues el juez Henry Morales no ha puesto fecha para la primera audiencia del caso, que debió realizarse el pasado 20 de octubre como lo establece el código procesal penal.

Estas familiares llegaron desde Chichigalpa hasta Managua para presionar al gobierno que cumpla con los plazos establecidos por la ley. Para hoy han programado un plantón frente al complejo judicial de Managua para que se escuchen sus demandas.

El juez López notificó a los familiares que interrumpía los plazos de las audiencias indefinidamente alegando su condición de salud. “Es un retardo injustificado e ilegal, los están haciendo sufrir a ellos y a sus familiares, solo redunda en una decisión política. Son presos políticos, no hay explicación legal”,  expresó Gonzalo Carrión, del CENIHD.

Los ex-cañeros fueron capturados hace 30 días en un operativo de la policía nacional después de un violento enfrentamiento, cuando más 400 ex cortadores de caña de azúcar protestaban frente al Ingenio San Antonio, en Chichigalpa, para exigir la liberación del líder de la asociación Nueva Esperanza, Roberto Nicoya.

Según la policía, éste fue capturado cuando trasladaba morteros desde León hacia el lugar de la protesta, pero ya se encuentra en libertad por razones de salud.   Los detenidos fueron acusados en una audiencia preliminar el pasado 10 de octubre en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua por crimen organizado.

Marlin Velázquez, esposa de Plutarco Munguía, uno de los capturados por la policía tras los disturbios de Chichigalpa Chinandega, aseguró que su marido fue detenido en la calle, sin orden judicial y sin razón aparente, pues aunque es parte de la asociación estaba en casa a la hora del enfrentamiento.

Velázquez mostró además el carnet de militante del Frente Sandinista de su marido y aseguró que no han dejado que le pase las medicinas que necesita.

“El tratamiento yo lo llevé y no lo quisieron recibir. Le están dando una pastilla para dormir nada más. En la condiciones que lo tienen tarde o temprano puede morir”, denunció Velázquez.

Otra de las denunciantes es Maria Peña, madre de Mariela Molina, secretaria de Nueva Esperanza que expresó que su hija fue sacada de su casa sin justificación, solo por pertenecer a la directiva de la asociación.

“¿Adonde están el crimen organizado de que los acusan a ellos? Nicoya ya está libre porque se le subió la creatinina pero mi hija sigue ahí”, dijo Peña.

Miles de cañeros han fallecido en Chichigalpa en los últimos años a consecuencia de IRC, mientras la gestión gubernamental del Ministerio de Salud ha sido ineficiente para desarrollar una estrategia que permita hacerle frente a esta epidemia de salud pública. Agencia SNN.

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