Empresarios ticos rechazan levantamiento de veto a Reforma Procesal Laboral

Ronald Jiménez, presidente de Uccaep

Ronald Jiménez, presidente de Uccaep

Provocando la indignación y preocupación del sector empresarial y los aplausos de la izquierda chavista criolla, el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís levantó hoy el veto a la ley de Reforma Procesal Laboral, la cual permite que se lleven a cabo huelgas en servicios básicos esenciales, como los de salud y policía.

La decisión presidencial produjo la inmediata reacción de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), cuyo presidente Ronald Jiménez, expresó en conferencia de prensa la molestia, indignación y profunda preocupación por la decisión del Presidente de la República de levantar el veto a la Reforma Procesal Laboral

“El sector empresarial confiaba en que el señor Presidente iba poner en una balanza los efectos de esta decisión. Esperábamos que el señor Presidente sopesara el efecto que una huelga en servicios esenciales que son aquellos que ponen en peligro, la vida y la salud de las personas, y ya vemos que no es así”, dijo Ronald Jiménez

Para el sector empresarial, agrega Uccaep, es claro que pesó más la alianza con la izquierda en el Congreso que la calidad de los servicios públicos y la seguridad jurídica que garantice la estabilidad laboral en las empresas.

El oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) es minoría en el Congreso y para la aprobación de sus proyectos de ley depende de los votos de la izquierda, representada por el Frente Amplio (FA), de amplia y manifiesta trayectoría chavista y integrante del Foro de Sao Paulo. El Frente Amplio también simpatiza y mantiene vínculos estrechos con el régimen inconstitucional de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, así como con el dictatorial régimen chavista de Venezuela.

Rechazo unánime

“El sector empresarial en forma unánime rechaza el levantamiento del veto a la reforma laboral, y confía en el Presidente de la República y su compromiso con la seguridad jurídica necesaria para promover inversiones para la generación de empleo”, indicó Jiménez.

El sector productivo considera que el proyecto debe corregirse y se deben establecer los mecanismos que permitan la contratación de trabajadores temporales que operen los servicios suspendidos, mecanismos ágiles de ingreso de profesionales extranjeros que sustituyan a los huelguistas y, por supuesto, todas las sanciones laborales, penales y civiles por el ejercicio abusivo del derecho o por la coacción o la violencia sobre personas y bienes, agrega Uccaep.

Además, el proyecto permite el ejercicio del derecho de huelga, cuando no existe sindicato, con un porcentaje que no representa la mayoría de los trabajadores. El sector productivo considera que esto debe reformarse y establecer que una mayoría sea la que decida por una medida de presión de esta naturaleza, afirma la cúpula del sector productivo costarricense.

Ley Polémica 

La afectación sobre la que más se habla de esta ley es la ampliación del derecho a huelga en los servicios públicos, pues los funcionarios de este sector podrían aplicarla en áreas consideradas esenciales, como hospitales, policías, sin embargo, la legislación contempla otros beneficios, censurados por la mayor parte de agrupaciones políticas.

Por ejemplo, la ley no permite que el Gobierno tenga la posibilidad de contratar personal que sustituya a los funcionarios que estén el huelga, tal como lo hizo la administración de Luis Guillermo Solís en los muelles de Limón a finales de octubre anterior.

Desde las filas del sector empresarial, la ley desvela a los patronos, pues avala que trabajadores de cualquier empresa puedan convocar a una huelga con reconocimiento legal.

Además, el numeral 385 establece que cuando una huelga se declare ilegal, por falta de requisitos, los trabajadores podrán evitar sanciones si vuelven a sus empleos en las 48 horas siguientes a la declaratoria de ilegalidad, la cual de por sí puede tardar varios días en emitirse.

La reforma al Código Procesal Laboral fue una propuesta hecha por  la Corte Suprema de Justicia en el 2005. En 2006, durante el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) fue impulsada en el Congreso.

La ley fue aprobada en setiembre de 2012, sin embargo el 9 de octubre de ese mismo año fue vetada por la expresidenta Laura Chinchilla.

Esta reforma legal es la mayor del sector desde 1943, cuando se aprobó el Código de Trabajo.

Pocos minutos después del anuncio, el diputado Mario Redondo, de la Alianza Democrática Cristiana, afirmó que interpondrá una acción contra el levantamiento, en la Sala Constitucional. Tomado de Costa Rica Hoy

 

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