Cuando la democracia rinde pleitesía a la dictadura

silvio_avilez_gallo_bloquePor Silvio Avilez Gallo

No cabe la menor duda que la democracia, como sistema ideal de gobierno, ha experimentado una lenta pero progresiva declinación en el mundo de hoy, especialmente en América Latina, donde actualmente se asiste a un renacimiento de regímenes izquierdistas autoritarios —cuando no descarada y orgullosamente dictatoriales— que se caracterizan por la concentración y preeminencia del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, el menoscabo considerable de los derechos humanos y garantías constitucionales, la fragilidad de la institucionalidad, la parcialidad y corrupción del sistema judicial, así como el visible retroceso de la libertad de prensa y expresión.

Para corroborar estos fenómenos, basta con volver la mirada a lo que sucede en la República “Bolivariana” de Venezuela (¿qué diría el Libertador de este empleo abusivo y espurio de su nombre?) desde hace algunos años, especialmente durante el gobierno de Hugo Chávez y los traspiés de su pupilo Nicolás Maduro, que asumió el poder tras la desaparición física del dictador, hace ya más de un año.  Las protestas de la ciudadanía no han cesado, a pesar de la salvaje represión de los militares, no obstante la creciente cantidad de víctimas que han ensangrentado las calles de Caracas, así como las denuncias de muchos países que claman en favor de los oprimidos.  Resulta desconcertante que un país inmensamente ubérrimo como Venezuela, haya llegado a un grado de penuria nunca antes visto y que la población carezca de lo más elemental para solventar sus necesidades elementales. Las tarjetas de racionamiento han hecho su aparición y la ciudadanía se ve condenada a hacer filas para adquirir los pocos productos disponibles para sobrevivir.

Hace pocos días el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zaid Ra´ad Al Hussein, expresó su gran preocupación por la detención del dirigente opositor Leopoldo López y exhortó a las autoridades venezolanas a liberarlo de inmediato,  además del ex alcalde de San Cristóbal y otros 69 activistas también detenidos. López guarda prisión desde el 18 de febrero de 2014, cuando se entregó voluntariamente a las autoridades, que lo habían acusado de ser el responsable de la muerte de integrantes de las fuerzas policiales. Hasta el momento, el gobierno del presidente Maduro ha puesto oídos sordos a dicha petición.

En contraste con esta situación, el gobierno de Maduro presentó oficialmente a las Naciones Unidas la candidatura de Venezuela, como representante de América Latina, para integrar el Consejo de Seguridad como uno de los cinco miembros no permanentes por el período de un año. Para sorpresa de la opinión pública mundial, la Asamblea General de la ONU eligió a Venezuela por 181 votos, de un total de 193 países miembros. Dando por descontado el apoyo de los nueve integrantes de la Alianza Bolivariana de los Países de Nuestra América (ALBA) —Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Venezuela— y sumando los dos miembros permanentes del Consejo (China y Rusia), hay otros 170 países que favorecieron con su voto la candidatura de Venezuela.

Entre esa aplastante mayoría se incluye sin duda a países auténticamente democráticos, que no vacilaron en apoyar al régimen dictatorial de Maduro,  desoyeron el reclamo del Alto Comisionado Al Hussein y se hicieron de la vista gorda ante las flagrantes violaciones a la Carta Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, suscrita en Lima en 2001.  Por un lado, las Naciones Unidas condenan la actuación arbitraria y antidemocrática del gobierno de Caracas, que reprime salvajemente a los opositores, y por el otro, las mismas Naciones Unidas premian por un holgado margen (93,78%) al régimen que desgobierna Venezuela.  La contraposición no puede ser más evidente.

Con esta incomprensible contradicción, las Naciones Unidas pierden la necesaria autoridad moral que necesitan como defensoras del derecho y la justicia, principios indispensables para garantizar la paz entre las naciones. En derecho, la buena fe se presume, pero en el vodevil escenificado recientemente en la Asamblea General, lo que queda de manifiesto es justamente lo contrario: hay que proceder de mala fe para alcanzar el “éxito”, sin importar si de paso nos llevamos el prestigio y la ética de una autoridad que pretende sentar cátedra en el mundo.

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