Costa Rica: UCCAEP rechaza la propuesta de reforma al Código de Trabajo

Huega en Costa Rica / IlustraciónLa legalización de huelgas en los servicios públicos esenciales de Costa Rica, que fue vetada durante el gobierno de doña Laura Chinchilla (2010 – 21014), podría resucitar si prospera un proyecto de reforma al Código Procesal Laboral impulsado por una alianza de las fracciones legislativas del izquierdista Frente Amplio (FA), de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), que de común acuerdo impulsan un texto sustitutivo de la ley. El texto del proyecto fue presentado este lunes.

Al respecto, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), dijo hoy martes que “se opone a la iniciativa, pues no solventa los motivos por los que fue vetado el proyecto original de reforma procesal laboral, es decir; permite las huelgas en servicios esenciales como salud y seguridad, entre otros, poniendo en riesgo a la población costarricense”.

En su oportunidad, la presidente Chinchilla Miranda justificó el veto presidencial argumentando que deseaba evitar los excesos del proyecto, particularmente en lo que se refiere a la ampliación del derecho a la huelga y su extensión a los servicios esenciales del Estado (salud y seguridad pública).

Víctor Morales, actual titular de Trabajo, se ha manifestado a favor del proyecto. Aún más, antes de asumir su cargo (abril 2014) se manifestó públicamente a favor de que el mandatario Luis Guillermo Solís Rivera levantara el veto de Chinchilla, acción que a juicio de abogados constitucionalistas entraría en choque con la Carta Magna y significaría que Solís Rivera se ubicaría por encima del Poder Legislativo, arrogándose un poder extraordinario en el proceso de formación de las leyes que no está previsto por la Constitución Política.

Uccaep señala en su comunicado que la propuesta presentada ayer en el Congreso permite la convocatoria de huelgas con solo un 16% de los trabajadores totales de una empresa en la que no haya sindicato, “lo que se convierte en un serio obstáculo a la seguridad jurídica de las compañías”.

“Uccaep reconoce el derecho a huelga que tienen los trabajadores, pero considera que para que un paro sea legítimo se requiere el voto favorable de al menos el 50% de los  trabajadores de la empresa”, agrega la nota del gremio empresarial.

La organización reconoce que el proyecto le fue consultado por el Partido Unidad Social Cristaiana (PUSC), “pero UCCAEP manifestó su oposición por considerarlo inapropiado para el bienestar de la población”.

Finalmente, Uccaep propone la creación de un texto integrado que evite la posibilidad de huelgas en servicios esenciales que pongan en peligro la vida, la salud y la seguridad de las personas.

 

 

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