Con Ortega, en Nicaragua hay política oficial de rehenes

el_pulso_de_la_semanaPor Edmundo Jarquín

El anuncio que se reabría el juicio a Eduardo Montealegre, subraya una de las facetas más crueles del régimen autoritario de Ortega: en Nicaragua existe una política oficial o gubernamental de rehenes, o de personas que son retenidas, en este caso bajo la Espada de Damocles de una sentencia judicial que nunca llega, para obligarle a él o a terceros a cumplir determinadas condiciones.

En la misma situación están otras casi 40 personas, algunas de ellas viviendo en el extranjero en un verdadero exilio político pues sienten la natural amenaza de que se les reactive una acusación judicial politizada que lleva casi una década. Se trata del juicio por los Certificados Negociables de Inversión (CENIS). Independientemente de la naturaleza jurídica y financiera del caso, lo que resulta evidente es que el juicio nunca se falló para tener a los involucrados sujetos a una suerte de secuestro de su libertad política, empresarial y profesional.

De la misma estirpe es que con motivo del litigio por la casa que ocupaba el Embajador de Nicaragua en Panamá, la Procuraduría General de la República haya anunciado que todavía estaban abiertas causas al ex Presidente Alemán, pese a la sentencia absolutoria que obtuvo de Ortega cuando a inicios de 2009 volvió a traicionar a la oposición, y específicamente a Eduardo Montealegre quien había sido elegido alcalde de Managua en las elecciones municipales de noviembre de 2008, y entregó al orteguismo el control de la Asamblea Nacional cuando aún estaba en minoría. Que la partidización del sistema judicial en manos de Ortega sea producto del pacto de Alemán con el mismo, no hace cambiar en absoluto nuestro juicio, ni lo ocuparemos de excusa para callar ante una imparcialidad, y denunciar que él también ha terminado de víctima de la política gubernamental de rehenes.

Los anteriores son casos, si se quiere emblemáticos, pero es la situación que estamos enfrentando los nicaragüenses en nuestra vida diaria y no solamente quienes nos atrevemos a oponernos políticamente al régimen de Ortega.

¿Quién no sabe de croquis de accidentes de tránsito que le han sido cambiados, para que tenga que gestionar como favor político lo que le corresponde en justicia?

¿Y los problemas que han enfrentado comerciantes en la Dirección de Aduanas, pese a tener resoluciones del ámbito contencioso-administrativo a su favor?

¿Y los problemas de propiedad, derecho sucesorio y contratos, que se eternizan, hasta que se resuelven apoyándose en favores políticos gestionados en altos niveles?

¿Hay acaso alguna línea que separe, prácticamente para nada, a la política partidaria gubernamental del sistema judicial, desde los niveles locales hasta la Corte Suprema de Justicia?

A propósito de la anulación de toda posibilidad de la oposición de participar en las elecciones, y de la consecuente necesidad de iniciar nuevas formas de protesta y resistencia pacífica para revertir una situación política que tendrá inmensos costos humanos, económicos y sociales, no olvidemos que perder el temor al ruido de las llaves de la celda está entre esas formas de resistencia pacífica.

La Nicaragua Linda

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