Cenidh: “Operativos de ejército dan respuesta a situación que no es delincuencia común”

Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). / Imagen del diario La Prensa de Nicaragua

Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). / Imagen del diario La Prensa de Nicaragua

El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, criticó la participación de tropas del Ejército junto con fuerzas de la Policía Nacional en un operativo conjunto realizado la semana pasada en la finca Tobobal, en Mulukukú, municipio de la Región Autónoma del Atlántico Norte.

Las críticas de Carrión fueron respecto a las declaraciones que hizo la Policía Nacional en su nota de prensa en la que afirmó que se trata de un operativo contra “grupos delincuenciales” que afecta a los pobladores de esa zona, informó el diario La Prensa.

“Detener a presuntos delincuentes como ellos le llaman, o delincuentes comunes, es un asunto exclusivo de la Policía”, señaló el defensor de derechos humanos, quien estimó que “más allá del cuento de proteger la levantada de la cosecha de café confirma que operativos dan una respuesta militar a una situación que no es delincuencia común”, subrayó.

Insistió en que la participación del Ejército en esas operaciones, lo que hacen es confirmar lo que las autoridades han negado de forma reiterada “que se están enfrentando a grupos armados irregulares”.

Carrión señaló que tampoco tiene razón de ser que los militares hayan ocupado una finca como aseveraron en su momento los familiares de Juan Ernesto Lumbí, propietario de Tobobal, pues “no está legitimado, porque ese es un asunto de Policía y además tiene que ser sobre la base de una causa legal establecida”. Y aún si fuese la Policía, “la ocupación tiene que estar soportada legalmente, debe tener una autorización judicial”.

“Hubo brutalidad policial” en Totogalpa

Por otra parte, un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sobre los incidentes del pasado 3 de noviembre, en Totogalpa, concluyó en que hubo brutalidad policial y uso irracional de armas de fuego.

A su vez, destacó que los testimonios de los testigos contradicen la versión policial que, en relación con la muerte del adolescente Kevin Alberto Bautista López, estableció que fue el resultado de “un grupo de personas que se encontraban alterando el orden público, realizando detonaciones con armas de fuego”.

El Cenidh dice que no hay evidencias de armas de fuego en manos de los civiles que protestaban. Y que los testimonios recibidos coinciden en que fue la Policía la que inició la violencia, que también señalan al comisionado mayor Juan Manuel Chávez como el funcionario policial que dio orden de reprimir la protesta, pues ordenó a los dueños de vehículos que estaban en el tranque continuar su marcha por encima de los pobladores que protestaban, lo cual expuso sus vidas.

También indica que los hechos ocurridos en Totogalpa demuestran que se ha establecido un patrón de represión violenta de las protestas con consecuencias fatales.

“A partir de las diligencias realizadas y los testimonios recibidos se confirma que existió desproporcionalidad en el uso de la fuerza mediante el uso de gases lacrimógenos y de armas de fuego”, refiere el Cenidh en su informe. Al tiempo que recordó que el uso de bombas lacrimógenas está prohibido por instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua.

Ante la gravedad de los hechos, el Cenidh demandó a las autoridades policiales, del Ministerio Público y Judiciales el esclarecimiento de los mismos a través de una investigación exhaustiva y creíble agrega la nota de La Prensa.

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