Autonomía y libertad de cátedra

carlostunnermannPor Carlos Tünnermann Bernheim

A raíz de la arbitraria y politizada separación de su cargo del profesor Salvador Montenegro, conviene repasar el concepto cabal de autonomía y libertad de cátedra.

Desde sus orígenes las universidades representan una permanente aspiración de autonomía y libertad frente a los detentadores del poder. El desenvolvimiento histórico de la universidad nos muestra la tensión que ha existido entre la autonomía de la comunidad académica y los poderes públicos, deseosos de controlarla.

Desde la consolidación de los estados nacionales, dicha tensión se manifiesta entre el Estado y la universidad, de suerte que la autonomía de esta se define principal, aunque no exclusivamente, frente al Estado, representado por el Gobierno central. La mejor garantía de la libertad de cátedra, piedra angular del oficio universitario, es una amplia autonomía. En América Latina la experiencia nos enseña que sin autonomía es difícil que florezca una auténtica libertad de cátedra. La autonomía es su atmósfera natural.

La Universidad colonial no gozó de autonomía plena, pero en las que siguieron el modelo de Salamanca disfrutaron de un cierto grado de autonomía. A raíz de la independencia, la adopción en América Latina del esquema napoleónico fue contraproducente. La supeditación de la universidad al Estado acabó con su menguada autonomía.

La Reforma de Córdoba de 1918 señala el momento histórico del ingreso de América Latina en el siglo XX y del ascenso de las clases medias urbanas que, en definitiva, fueron las protagonistas del movimiento reformista. La Reforma de Córdoba replanteó las relaciones entre la universidad, la sociedad y el Estado. El concepto de autonomía sustentado por el movimiento es muy amplio: implica el derecho de la comunidad universitaria a elegir sus propias autoridades, sin interferencias extrañas; la libertad de cátedra; la designación de los profesores mediante procedimientos académicos que garanticen su idoneidad; el gobierno de la institución por sus propios órganos directivos; la aprobación de planes y programas de estudio, etc.

Desde el grito de Córdoba, la autonomía y la libertad de cátedra han estado en la primera línea de las reivindicaciones universitarias en América Latina. Consagradas en la mayoría de los textos legales y elevadas en varios países al rango de precepto constitucional, como sucede entre nosotros (Art. 125 de la Constitución), su accidentada historia, escrita algunas veces con la sangre generosa de la juventud, está generalmente ligada al éxito o fracaso de la democracia en nuestros países. Representa una aspiración permanente de los universitarios latinoamericanos y una de las condiciones que definen su universidad. Sin autonomía ni libertad de cátedra no puede existir una verdadera universidad.

La autonomía que se da frente a los poderes del Estado proporciona el marco jurídico que permite el amplio ejercicio de la libertad académica, base de toda enseñanza genuinamente universitaria. La autonomía es condición que permite a la universidad cumplir, en la mejor forma posible, la tarea que le es propia, entre ellas, la función crítica. Impone, por cierto, serias responsabilidades, pues la universidad, dueña de su destino, debe responder por lo que haga en el uso y disfrute de su libertad.

“Una universidad, dice Hutchins, es un centro de pensamiento independiente. Como centro de pensamiento, y de pensamiento independiente, es asimismo, un centro de crítica”… “Las sociedades requieren centros de pensamiento y crítica independientes, si han de progresar o, aún, sobrevivir”.

La “Declaración Mundial sobre la Educación Superior” (París, 1998), atribuye a los establecimientos de educación superior la función de “opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales, con total autonomía y plena responsabilidad, por estar provistos de una especie de autoridad intelectual que la sociedad necesita para ayudarla a reflexionar, comprender y actuar”.

Llegamos así al concepto de Autonomía con rendición social de cuentas”, que fue proclamado en la “Declaración Regional de América Latina” de 1996, en el texto siguiente: “El conocimiento solo puede ser generado, transmitido, criticado y recreado, en beneficio de la sociedad, en instituciones plurales y libres, que gocen de plena autonomía y libertad académica, pero que posean una profunda conciencia de su responsabilidad y una indeclinable voluntad de servicio en la búsqueda de soluciones a las demandas, necesidades y carencias de la sociedad, a la que deben rendir cuentas como condición necesaria para el pleno ejercicio de la autonomía”.

Cortesía de la oficina de Relaciones Públicas del Movimiento por Nicaragua

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