Cuando en los años sesenta del siglo pasado se produjo una verdadera avalancha de emancipaciones de antiguos territorios y posesiones coloniales y su consiguiente admisión a las Naciones Unidas, se pensó que el colonialismo estaba definitivamente sepultado en la historia de la humanidad. Lejos estábamos de imaginar que medio siglo después asistiríamos al renacimiento de una nueva forma de dominación: aquélla practicada abusivamente por la comunidad internacional, con los auspicios de las organizaciones creadas para velar precisamente por el respeto y la independencia de sus miembros.

La reciente crisis que se produjo en Honduras con la destitución del ex presidente Manuel Zelaya por el Congreso Nacional, debido a las reiteradas violaciones a la Constitución hondureña y al abierto desacato en que incurrió el ex mandatario al desafiar la autoridad de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, ha puesto de manifiesto que un colonialismo de nuevo cuño está en pleno desarrollo.  Desde un principio, la decisión soberana y apegada a derecho por parte del Poder Legislativo de Honduras fue calificada antojadizamente de “golpe de Estado”, no obstante que todo se hizo con estricto apego a lo que dispone la Carta Magna y que TODOS los poderes del Estado siguieron y continúan funcionando con absoluta normalidad. No se produjo un quiebre de la institucionalidad, sino una sustitución legal y legítima del Jefe de Estado de acuerdo con los mecanismos previstos. Esto fue finalmente reconocido en un informe de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América.

En un verdadero golpe de Estado se interrumpe el funcionamiento normal del aparato estatal. Los militares toman el mando, ejercen el poder absoluto y dejan de operar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el caso de Honduras, todo siguió funcionando normalmente y los militares no asumieron el control del Estado.  Sin embargo, la OEA, la ONU, la Unión Europea y los países que dicen respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos—así como los que exhiben un triste historial de violaciones reiteradas a los derechos humanos— se negaron a reconocer la realidad de lo sucedido y retiraron su reconocimiento al nuevo gobierno surgido de la decisión soberana del Congreso hondureño.

Resulta insólito e increíble que cuando el Istmo centroamericano se apresta a celebrar —en poco más de un decenio— los 200 años de su independencia política de España, la actual República de Honduras, surgida del desmembramiento de la República Federal de Centroamérica en 1838, haya sido relegada a la ignominiosa condición de colonia y que la inmensa mayoría de países pretenda inmiscuirse en asuntos que sólo compete resolver a los hondureños. Así vimos desde el inicio de la crisis la sesgada actuación de la OEA y su Secretario General, que no tuvo la menor vacilación en expulsar a Honduras del organismo regional, mientras que no le tembló la mano para indultar al régimen cubano y reabrirle las puertas que se le habían cerrado en 1962 —irónicamente a pedido del gobierno de Venezuela, presidido en ese entonces por Rómulo Betancourt— por  su injerencia en los asuntos internos de otros países.

En el largo calvario que ha vivido el pueblo hondureño desde el 28 de junio ha debido soportar con estoicismo la descarada intervención de las grandes potencias y de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos gobernantes han sometido a sus pueblos a un centralismo antidemocrático y totalitario. Éstos no han tenido reparo en predicar, como fariseos, la democracia que ellos desconocen y no practican en sus respectivos países.

Los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional culminaron con los buenos oficios del Presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, quien desde un comienzo hizo caso omiso de la imparcialidad propia de un mediador y trató de imponer una solución favorable al depuesto mandatario Zelaya. Finalmente, y después de muchas presiones y negociaciones, se acordó que el llamado Acuerdo de San José-Tegucigalpa sería la base para la salida de la crisis. Como parte esencial, se determinó que el punto medular —la restitución de Zelaya en la presidencia— sería resuelto por decisión del Congreso Nacional, después de conocer la opinión de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República.  Asimismo, continuaron los preparativos para la celebración de las elecciones generales, de antemano previstas para el 29 de noviembre, a fin de elegir democráticamente y con supervisión internacional al futuro gobernante de Honduras.

Las elecciones, que en los países auténticamente democráticos constituyen la expresión de la voluntad popular, tuvieron lugar en la fecha estipulada y según la opinión de los observadores acreditados, fueron libres y transparentes. El pueblo eligió masivamente a sus nuevas autoridades y determinó democráticamente que el Sr. Porfirio Lobo, candidato del Partido Nacional, será el próximo presidente constitucional a partir del 27 de enero de 2010. Luego, en cumplimiento del Acuerdo de Guaymuras, el Congreso Nacional, después de examinar las opiniones no vinculantes de otras autoridades del Estado, resolvió por aplastante mayoría ratificar la decisión tomada el 28 de junio de 2009, es decir, no accedió a reinstalar en el cargo al depuesto presidente Zelaya.

¿Cuál fue la reacción de los neocolonialistas? Negar validez al plan que ellos mismos habían impuesto como base de una solución negociada. El acuerdo de someter la restitución de Zelaya a la decisión del Congreso de Honduras fue reinterpretado torcidamente como que implicaba la obligatoriedad de acatar servilmente las directrices impartidas por Washington, Brasilia, México, Madrid, Caracas, Managua, La Paz, Buenos Aires, La Habana, Santiago, etc., en el sentido de aprobar la reinstalación del depuesto mandatario. Es más, estos gobiernos injerencistas se arrogan ahora la “autoridad” para negar toda validez a las elecciones realizadas el 29 de noviembre y desconocen, por consiguiente, la legitimidad del mandato expresado inequívocamente por el pueblo hondureño. ¿Y la Carta de la ONU? ¿Y la Carta Democrática Interamericana? ¡Muy bien, gracias!

Algunos Jefes de Estado, incluido un connotado ex presidente latinoamericano, han formulado lo que podríamos llamar la “doctrina de la ilegitimidad de origen” para negar el reconocimiento al nuevo presidente electo Porfirio Lobo.  Según esta peregrina teoría —una verdadera joyita del derecho internacional del siglo XXI—, reconocer el resultado de unas elecciones democráticas, libres y transparentes, como fueron las del pasado 29 de noviembre, equivaldría a legitimar a un gobierno de facto (como llaman tozudamente al del presidente constitucional interino Roberto Micheletti). Confunden, sencillamente, el sebo con la manteca, sin pensar que ese nuevo “aporte” al derecho de gentes podría volverse como bumerang en su contra.

Las elecciones recién celebradas fueron convocadas de acuerdo con el calendario establecido por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras durante la presidencia de Manuel Zelaya, se realizaron en la fecha prevista y con supervisión internacional. Ahora bien, ¿se atreverían los detractores del triunfo de Porfirio Lobo a sostener, por ejemplo, que la elección de doña Violeta de Chamorro en 1990 a la presidencia de Nicaragua fue ilegítima porque había sido organizada por un gobierno golpista como el sandinista?  ¿Y qué decir del referéndum celebrado en 1988 y la subsiguiente elección presidencial en Chile en 1989, ambos convocados por el gobierno de Pinochet, que llevaron al poder a la actual Concertación en 1990? ¿Podría alguien sensato afirmar que el reconocimiento al gobierno del presidente Patricio Aylwin avaló y legitimó el golpe militar de 1973?