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Aministía Internacional respalda a dirigente campesina ante abuso policial

Doña Francisca Ramírez – Imagen de La Prensa.

El organismo de derechos humanos, Amnistía Internacional, hizo público un documento bajo el título “Acción urgente defensora de Derechos Humanos hostigada”, y que se relaciona con los abusos cometidos por la Policía Nacional  en contra de doña Francisca Ramírez, coordinadora del Consejo para la Defensa de nuestra Tierra, Lago y Soberanía.

En el documento se manifiesta que la señora Ramírez informó que la policía nicaragüense dañó y retuvo, sin notificación, la camioneta y el camión que utiliza como medios de trabajo. Preocupa que esta acción policial constituya una represalia por su labor como defensora de derechos humanos y que cualquier acoso adicional ponga en riesgo su integridad física.

El 1 de diciembre Francisca Ramírez viajó a Managua para denunciar públicamente una serie de actos de represión sufridos, esa semana, por manifestantes en las movilizaciones organizadas por el Consejo para la Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, en protesta por los inminentes impactos ambientales de la futura construcción del Canal Interoceánico concesionada a una empresa china. Ese día, miembros de su comunidad le informaron telefónicamente que la policía había tomado posesión de sus vehículos y los estaba trasladando a una estación policial.

Ambos vehículos son indispensables para el desarrollo de su actividad económica y asegurar los medios de vida para ella y su familia. Sin ellos, su trabajo está en riesgo. En meses anteriores, Francisca Ramírez ha denunciado públicamente hechos de hostigamiento en su contra y de su círculo familiar. A Amnistía Internacional le preocupa que la retención de sus vehículos constituya una represalia por su activa participación en el movimiento campesino y su labor por los derechos humanos, publicó en su sitio web Radio Corporación de Nicaragua.

El 5 de diciembre, debido a la falta de información sobre las razones de la retención de sus vehículos, Francisca Ramírez fue a la delegación policial de Nueva Guinea. Ella dijo que luego de tres horas de espera no obtuvo ninguna respuesta oficial sobre el motivo legal de la retención, ni sobre la posible devolución de sus medios de trabajo.

El documento de Amnistía Internacional destaca que, desde 2015, Francisca Ramírez ha sido coordinadora del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía.

El Consejo es una instancia comunitaria y campesina que se constituyó en el 2014 como respuesta a los impactos que podrá ocasionar el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua en las comunidades y sus derechos humanos.

El 30 de noviembre, cientos de campesinos planeaban llegar desde sus comunidades hasta Managua, capital de Nicaragua, para manifestarse pacíficamente contra la futura construcción del Gran Canal Interoceánico y los posibles efectos negativos de este proyecto en sus derechos y comunidades. En ese contexto, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación reportaron actos de represión violenta contra los manifestantes. Como resultado de la represión gubernamental varios campesinos resultaron heridos y otros fueron detenidos. Se reportó además la destrucción, con maquinaria gubernamental, de varios puentes importantes para impedir la llegada de los manifestantes a Managua.


Denuncian detenciones arbitrarias e intimidación policial en Nueva Guinea

Líderes de la lucha anticanal y extranjeros siendo llevados por la Policía de Nicaragua. / Imagen de La Prensa
Líderes de la lucha anticanal y extranjeros siendo llevados por la Policía de Nicaragua. / Imagen de La Prensa

 

El Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, organización ambientalista que se opone a la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, denunció este domingo la captura de cuatro de sus dirigentes y de seis jóvenes voluntarios originarios de México, España, Argentina y Costa Rica.

 

 

 

El hecho se produjo el sábado 25 de junio en el municipio de Nueva Guinea, en la Región Autónoma del Caribe Sur nicaragüense, a unos 282 kilómetros de Managua.

De acuerdo con la denuncia de la organización ambientalista, los extranjeros que aun se encuentran detenidos son: Daniel Espinosa Giménez Cacho (25 años, España); Salvador Tenorio Pérez (25 años, México); Emmanuel de la Luz Ruiz (25 años, México); Byron Reyes Ortiz (28 años, Costa Rica); Ana Laura Rodríguez (27 años, Argentina); y Eugenio Paccelli Chavez Macedo (25 años, México).

A continuación el texto completo de la denuncia pública:

El Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, junto a las comunidades campesinas que se han movilizado para exigir la derogación de la ley canalera, hacemos saber al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional lo siguiente:

El día sábado 25 de junio de 2016, miembros de nuestro movimiento campesino y seis jóvenes integrantes de la “Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir” fueron acosados, intimidados, agredidos y detenidos arbitrariamente por oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua, mientras se encontraban en La Fonseca, municipio de Nueva Guinea, en un taller sobre tecnología alternativa para la creación de hornos eficientes que utilizan poca leña.

Desde tempranas horas de la mañana de ese día, una patrulla de la policía requisó abusivamente la casa de Pedro Mena, líder campesino de nuestro movimiento en La Fonseca, en donde se encontraban alojados los 6 jóvenes extranjeros integrantes de la Caravana cuyos nombres son: Daniel Espinosa Giménez Cacho (25 años, España); Salvador Tenorio Pérez (25 años, México); Emmanuel de la Luz Ruiz (25 años, México); Byron Reyes Ortiz (28 años, Costa Rica); Ana Laura Rodríguez (27 años, Argentina); y Eugenio Paccelli Chavez Macedo (25 años, México). Sin explicación alguna fueron interrogados, pese a que se le aclaró a la Policía que los jóvenes se encontraban como voluntarios para enseñarle a la comunidad herramientas ecológicas.

Posteriormente, a las once de la mañana al joven nicaragüense Alexander Marenco (25 años) le ocurrió un accidente mientras intentaba construir un horno envolvente para ahorrar leña, por lo que resultó con quemaduras leves en su pecho y brazo. El joven ha reiterado a los medios de comunicación que fue un accidente ocasionado por el mismo, al prender fuego en un viejo barril que lamentablemente tenía residuos de gasolina.

La Policía utilizando este accidente como excusa, llegó nuevamente al lugar con 15 oficiales, y se llevó detenidos a los 6 jóvenes de la Caravana y a 4 líderes de nuestro movimiento campesino: Francisca Ramírez Torres, Coordinadora Nacional del Movimiento, Migdonio López Chamorro, Pedro Mena y Heyder García Miranda. Fueron trasladados a la estación de Nueva Guinea, la que se encontraba resguardada por más de 50 antimotines. Al final de la tarde, luego de una intensa jornada en la que exigimos la liberación de los detenidos, fueron puestos en libertad los 4 miembros de nuestro movimiento, sin embargo, los jóvenes de la caravana siguen detenidos, sin permitírseles ningún tipo de asistencia legal, y se desconoce su paradero.

Nos preocupa seriamente que en precipitadas declaraciones de Daniel Ortega, Presidente del país, y en Nota de Prensa Oficial de la Policía Nacional (No.13/2016) se pretende vincular a los jóvenes ambientalistas y a nuestra organización con una supuesta “manipulación de sustancias explosivas y exposición de personas al peligro”, lo que es completamente falso.  O la Policía engaña al Presidente, o ambos han decidido escalar sus agresiones y acciones represivas en contra de las acciones pacíficas del movimiento campesino. Rechazamos categóricamente estas falsas acusaciones.

Nuestro movimiento hace saber que en base al derecho constitucional de libre reunión y organización, tenemos contactos con organizaciones en todas partes del mundo y en particular con quienes compartimos ideales y objetivos como la lucha por el derecho a la tierra, al agua, al aire limpio, la defensa del ambiente, y la búsqueda de alternativas para la preservación de la naturaleza. En tal sentido recibimos con alegría la visita de esta Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir, jóvenes voluntarios de distintas nacionalidades quienes vinieron a darnos talleres y transmitirnos técnicas para la construcción de hornos ecológicos. Hemos estado en comunicación con sus familiares quienes están sufriendo angustiados por la detención ilegal de sus hijos.

Nuestro movimiento es una organización cívica que lucha y seguirá luchando por las vías legales y pacíficas, por la defensa de nuestra Tierra, Lago y Soberanía amenazados por la Ley 840.

Advertimos a la comunidad internacional que inventar estas mentiras es otra forma de amenazarnos,  es un intento de acusarnos judicialmente y criminalizar la lucha de nuestro movimiento social, lo que se convierte en otra nueva agresión contra nuestro legítimo derecho a expresarnos contra la concesión canalera que amenaza la  forma  de vida de nuestras familias.

Las constantes agresiones que han sufrido periodistas, investigadores nacionales e internacionales, defensores y defensoras de derechos humanos que nos acompañan, y de todos aquellos que hacen presencia en nuestro territorio parece indicar que han convertido de hecho a nuestras comunidades en territorios de excepción. Nuestras comunidades se encuentran como en estado de sitio en donde el gobierno ha suspendido nuestros derechos como ciudadanos nicaragüenses y los de ciudadanos extranjeros también. Esto es terrorismo de Estado.

Llamamos a las autoridades a dejar libres de inmediato a los internacionalistas presos, a entregarles sus bienes, entre ellos la buseta en que se movilizaban, y  exigimos que suspendan sus acciones de intimidación contra nuestro movimiento.

Francisca Ramírez, Coordinadora

Medardo Mairena, Vice-Coordinador